El Tribunal Constitucional revisó por cerca de tres horas el requerimiento de inadmisibilidad presentado por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, para evitar la publicación de sus correos electrónicos.
En los alegatos se abordó la privacidad de las conversaciones de las autoridades respecto al carácter público de las temáticas que tratan en sus e-mails.
Esto en el marco de la disputa judicial por refutar un dictamen del Consejo para la Transparencia que lo obliga a revelar el contenido de una serie de correos intercambiados con la gobernadora de Melipilla, Paula Gárate, donde le solicitó la restitución de 305 millones de pesos destinados a la reconstrucción.
En 2011, el alcalde de esa comuna, Mario Gebauer, solicitó a través de la Ley de Transparencia conocer los correos electrónicos para entender por qué se devolvieron esos recursos, para aclarar la responsabilidad del hecho.
El subsecretario Ubilla recurrió al Tribunal Constitucional tras obtener fallos adversos del Consejo para la Transparencia y la Corte de Apelaciones.
Su abogada, Angela Vivanco, dijo que se debe definir el sentido de la Ley de acceso a la información pública.
Al respecto, el director jurídico del Consejo para la Transparencia, Enrique Rajevic, sostuvo que el contenido reservado de los correos debe ser acreditado por las autoridades.
El abogado del alcalde de Melipilla, Juan Pablo Olmedo, explicó que los correos son públicos al contener rendición de cuentas de recursos del Gobierno Central.
Mañana el pleno del Tribunal Constitucional realizará una sesión extraordinaria para analizar el requerimiento del subsecertario Ubilla. Sin embargo, la resolución se dará a conocer en a lo menos dos meses más.
