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Defensa objeta tratamiento de Tribunal de Garantía de Arica a detenidos relacionados a Municipalidad

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El defensor regional de Arica y Parinacota, Claudio Gálvez, criticó este jueves, tras una última sesión en el Juzgado de Garantía, donde se dictaminó prisión preventiva para 16 imputados y arresto domiciliario para otros dos en el caso en que investiga supuestos fraudes en ese municipio, que “no se respetó el principal pilar del procedimiento penal, que son los derechos humanos, lo que debe ser conocido en detalle por los superiores jerárquicos de este tribunal”.

La jueza de garantía Sara Pizarro impuso una audiencia de control de detención iniciada el martes y que culminó con una maratónica jornada de más de 18 horas.

En este caso fueron detenidos el inhabilitado alcalde de Arica, Waldo Sankán, seis concejales, y otras once personas, entre funcionarios municipales y empresarios.

El Ministerio Público les imputa a todos fraude al fisco, cohecho, lavado de dinero, asociación ilícita y contratación ilegal.

La medida cautelar causó gran impacto en la zona, por involucrar a personas muy conocidas y de diversos ámbitos -muchas de ellas ligadas a autoridades- y por dejar descabezado al concejo municipal.

Gálvez subrayó que las medidas adoptadas por el tribunal se dictaron tras una jornada en que “se impuso la continuidad de la audiencia como lo primordial del procedimiento, resultando en una agotadora sesión, con imputadas ancianas en camilla o desmayadas, además de la imposibilidad práctica de ejercer una defensa apropiada, por las difíciles condiciones que se nos entregaron para conocer los 18 tomos del caso, con un exiguo tiempo para entrevistar -entre 4 abogados- a los 18 imputados”. Por lo mismo, indicó que se recurrirá a la Corte de Apelaciones para solicitar el cambio de estas cautelares.

“No nos molesta la resolución del Tribunal de Garantía ‘per se’. Lo que nos parece inaceptable son las formas en que los defensores fuimos tratados. Eso lo preveíamos y al comienzo de la audiencia presenté la recusación contra la jueza Pizarro, porque ya habíamos tenido -todos los defensores públicos presentes en esta ocasión- experiencias de animadversión de su parte, pero eso no fue admitido”, puntualizó.

En la citada sesión los cuatro defensores penales públicos -Claudio Gálvez, Víctor Providel, Raúl Gil y Juan Gallardo- y la defensora privada presentes argumentaron una falta de fortaleza jurídica de las acusaciones formuladas por el Ministerio Público contra Sankán y los otros 17 imputados, concluyendo que no había delitos probados y oponiéndose, por lo tanto, a la dictación de prisiones preventivas en este caso.

La defensa cuestionó también el uso de decenas de escuchas telefónicas en la indagación de delitos que no tienen categoría de crimen, la poca consistencia del conjunto de datos que se reunieron durante una investigación que duró cinco años y la petición de otros dos años más de plazo de investigación que hizo el Ministerio Público, el que finalmente quedó en seis meses renovables.

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