“La Contraloría lo dice claramente, los municipios de Coyhaique y Cochrane debieron ponderar lo que estaba pidiendo la ciudadanía y determinar la procedencia de someter a plebiscito las materias consultadas. Y tanto en Cochrane como Coyhaique no hicieron tal trabajo, simplemente se echaron al bolsillo la participación ciudadana y rechazaron de plano todo lo que la comunidad les estaba exigiendo, en circunstancias que había materias que sí podían ser plebiscitadas”.
Con estas palabras Claudia Torres, quien junto a Paz Foitzich encabezó el proceso que en Coyhaique permitió ingresar 1.782 firmas notariales en agosto del año pasado, se refirió al dictamen 22.980 del 20 de abril de la entidad. En Cochrane, en tanto, suscribieron su apoyo a la realización de un plebiscito un total de 120 ciudadanos.
“El órgano contralor señala que en algunos temas que planteamos sí se podría haber convocado a plebiscito y en otros no. En este caso, lo que debieron haber hecho los alcaldes fue reunirse con su comunidad y ver los mecanismos para ajustarse a lo que los ciudadanos solicitaban. Eso es tener voluntad democrática, la cual lamentablemente faltó en este caso” expresó Torres.
Agregó que “de todas formas, esto es un aprendizaje. Dado que el Estado ha abandonado a la gente para que pueda ejercer sus derechos, somos los ciudadanos quienes debemos interiorizarnos en estas materias y hacer todo a pulso. Y la movilización que se generó el año pasado en este tema, ha sido un logro en sí mismo”.
En este sentido, el organismo expresó que sí se podían plebiscitar los cambios al plan regulador para prohibir edificaciones energéticas (sin incluir los trazados) dentro de los límites urbanos en el caso de Cochrane y Coyhaique, y en el de esta última localidad la no aplicación del artículo 2.1.2. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que permite, en el caso de predios afectos a dos o más subzonas con distintos usos de suelo, que si al menos el 30 % está destinado a actividades productivas o de infraestructura tal característica se extienda a todo el predio. Este último fue el cambio que realizó el gobierno de Michelle Bachelet para “regularizar” la construcción de la central termoeléctrica Campiche en un área verde y recreacional en Puchuncaví.
El jueves negociación por consulta
El dictamen de la Contraloría fue comunicado durante la misma semana en que se verá, en el marco de las negociaciones del Movimiento Social por Aysén, la demanda sobre consulta relativa a proyectos hidroeléctricos, los plebiscitos comunales, y la descentralización y la regionalización.
La reunión se realizará el jueves a partir de las 14:00 horas en dependencias de la Onemi en Coyhaique con el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, según se ha acordado con el coordinador gubernamental con quien se ve la agenda.
