La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en conjunto con las superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), de Valores y Seguros (SVS), y de Pensiones, emitieron normativas simultáneas para combatir los actos de corrupción entre altos funcionarios públicos chilenos.
Las cuatro entidades supervisoras definieron en conjunto quiénes son las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Chile y los cargos que deben integrar esta nómina.
En este marco, impartieron instrucciones para que tanto el sistema financiero como el no financiero, apliquen exhaustivos procesos de conocimiento del origen y destino de los fondos de estos clientes cuando operen con ellos, entre otras obligaciones preventivas.
Los PEP son los funcionarios públicos más vulnerables a que terceros intenten cohecharlos, dado el alto nivel de toma de decisiones que tienen sobre recursos fiscales, explicó la Directora de la UAF, Tamara Agnic.
“El listado que elaboramos es sólo el piso que las entidades supervisadas deben considerar al momento de realizar sus diligencias y conocimiento de clientes y, por supuesto, pueden agregar más categorías”, sostuvo.
Agnic destacó que la normativa debe entenderse como un mecanismo de protección y fortalecimiento de los sistemas anticorrupción del aparato del Estado
“La existencia de una nómina de PEP es un desincentivo para quienes pretendan cohechar a funcionarios públicos, pues deben tener en cuenta que sobre sus transacciones se aplicarán procesos reforzados de debida diligencia”, concluyó.
