La Corte Suprema de Brasil inició el miércoles un juicio que definirá si es constitucional el reconocimiento de propiedad colectiva de cerca de 3.000 territorios y comunidades de descendientes de esclavos liberados en todo el país y conocidos como ‘quilombolas’.

La gubernamental Fundación Palmares, que defiende los derechos de los quilombolas, estima que en estas comunidades, de extensiones considerables, habitan entre 2 y 3 millones de descendientes de esclavos liberados.

La mayoría son comunidades que se mantienen en áreas aisladas, donde se mantuvo una tradición cultural y de supervivencia propia. Muchos todavía no tienen energía eléctrica o carreteras, y los servicios del Estado llegan a de manera interrumpida.

“Consideramos que este será un juicio histórico: son casi 3.000 comunidades que requieren de ese reconocimiento, es una reparación histórica”, dijo a la AFP el presidente de la Fundación Palmares, Eloi Ferreira Araujo.

“Son comunidades que tienen una historia de resistencia, de organización, de producción económica y cultural propias, fundadas por negros que se agrupaban en áreas distantes para resistir y salir de la esclavitud”, explicó.

La constitución de 1988 les reconoce la propiedad.

En 2003, el entonces presidente Luiz Inacio Lula da Silva aprobó un decreto que regulaba la titularización de esas tierras, pero el partido conservador DEM cuestionó su constitucionalidad.

Brasil, que trajo millones de esclavos de Africa, fue uno de los últimos países en abolir la esclavitud, en 1888.

Los territorios quilombolas son considerados entidades culturales e históricas y la mayoría mantiene tradiciones centenarias.

El reconocimiento de estas grandes áreas levanta la oposición de colonos y ruralistas muchas veces obligados a abandonar esas tierras. La acción de incostitucionalidad precisamente pretende que no puedan hacerse expropiaciones de tierras de colonos.