Los primeros observadores internacionales deben iniciar el lunes su misión de evaluación del alto el fuego en Siria, donde sin embargo siguen los bombardeos y los combates, algo que nutre las dudas de la comunidad internacional sobre la aplicación de la tregua.

La misión, votada el sábado por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU, se presenta como de alto riesgo para los seis observadores desarmados que se encuentran ya en la zona bajo la dirección del coronel marroquí Ahmed Himmiche, cuando el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) informa ya sobre la muerte de dos civiles el lunes.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo el domingo estar “muy preocupado” por la situación en Siria, donde la violencia dejó al menos 41 muertos desde la entrada en vigor de la tregua el jueves por la mañana hasta la llegada de observadores el domingo por la noche.

“No hay un alto al fuego y ni siquiera un inicio de proceso político: esta será una de las misiones más difíciles que haya emprendido la ONU”, estimó un diplomático de la ONU, a pesar de que los balances apuntan a una neta ruptura con la entrada en vigor de un alto el fuego, después de meses en los que los muertos se contaban a diario por decenas.

Los combates entre soldados y desertores se reanudaron el lunes en el noroeste y el ejército bombardeó de nuevo el viejo Homs (centro), cuyo control le sigue escapando, cuando los embajadores occidentales expresaron dudas sobre la voluntad del presidente Bashar al Asad de renunciar a la represión.

“Esta reanudación de la violencia nos hace dudar de nuevo seriamente de la voluntad del régimen” de respetar el alto fuego, comentó el domingo la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Susan Rice, mientras que su homólogo francés Gérard Araud evocaba también las “dudas” sobre “la realidad del compromiso del régimen”.

La resolución 2042, la primera adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Siria desde el inicio de la crisis en marzo de 2011, prevé el despliegue en los próximos días de 30 observadores militares desarmados y estipula que Damasco es responsable de su seguridad.

El emisario de la Liga Árabe y de la ONU, Kofi Annan, desea el envío a corto plazo de más de 200 observadores a Siria, pero eso requerirá una nueva resolución y el cese total de la violencia.

El lunes, la primera tarea de los observadores será “establecer un cuartel general operativo” en Damasco, explicó un portavoz de la ONU. Luego se pondrán en contacto con el gobierno y la oposición para explicar su papel, y se desplazarán a otras ciudades para establecer allí sus bases.

Siria aprobó esta misión “ya que no tiene nada que esconder, y espera que esos observadores transmitan la imagen real de lo que ocurre sobre el país”, indicó el domingo por la noche la agencia oficial Saná.

Desde el jueves, los medios de comunicación sirios informan sobre la casi totalidad de los episodios violentos denunciados por los militantes, pero las atribuyen sistemáticamente a los “terroristas”. Las autoridades han denunciado una intensificación “histérica” de estos ataques de los “terroristas” y advertido que iban a acabar con ellos.

Los Comités Locales de Coordinación (LCC), que coordinan la protesta en el país, llamaron a la creación de una línea directa entre los militantes y los observadores para facilitar la vigilancia y han pedido la presencia de al menos un observador en cada manifestación.

A pesar del cese de las hostilidades, el plan Annan prevé el regreso del ejército a los cuarteles, el derecho a manifestar pacíficamente y la liberación de las personas detenidas en el marco de la revuelta popular que sacude al país desde marzo de 2011.

Según los militantes, los tanques siguen en las ciudades y el ejército no ha levantado las barreras. Además, las campañas de detenciones se mantienen: el OSDH informó el lunes sobre la detención de una periodista, Marie Isa, y de su marido en su domicilio cerca de Damasco.

Siria se enfrenta desde el 15 de marzo de 2011 a una revuelta popular sin precedentes que se militarizó a medida que pasaban los meses frente a la represión llevada a cabo por el régimen. Las operaciones de represión y los combates entre soldados y desertores dejaron más de 10.000 muertos en un año, según la OSDH.