Un proyecto que legaliza el aborto en Uruguay durante las primeras 12 semanas de gestación -aprobado el año pasado en el Senado- está a punto de naufragar en la cámara baja por falta de votos.

“El proyecto no tiene votos”, dijo a la AFP el diputado Alvaro Vega, del gobernante Frente Amplio (FA, izquierda). “Puede haber otro proyecto pero no el que fue aprobado en el Senado” el 27 de diciembre pasado, en la última sesión del año y por una ajustada mayoría.

El FA necesita los votos de sus 50 diputados para darle sanción definitiva al proyecto, pero el diputado de la coalición de izquierdas Andrés Lima ha anunciado que está en contra del mismo.

Vega -uno de los redactores del proyecto, junto a la senadora socialista Mónica Xavier- señaló que se está contactando a líderes políticos de otros sectores para buscar un proyecto alternativo que permita despenalizar la interrupción del embarazo.

La norma vigente actualmente, aprobada en 1938, pena con tres a nueve meses de prisión a la mujer que consienta un aborto, con seis a 24 meses a quien colabore con el mismo y dos a ocho años para quien lo practique sin el consentimiento de la mujer.

“Abortos se van a seguir haciendo, mujeres se van a seguir muriendo y además está el circuito clandestino del misoprostol, eso tenemos que resolverlo como país. Queremos apelar al pragmatismo de los políticos y hacer algo que evite que se mueran” mujeres por abortos, subrayó.

Fuera del oficialismo, en el Partido Nacional (PN) ningún legislador respalda la despenalización del aborto mientras que en el Partido Colorado (PC) solo uno, Fernando Amado, estaba dispuesto a acompañar el proyecto pero su sector político hizo del rechazo a la iniciativa una cuestión de disciplina partidaria.

En tanto, en el Partido Independiente (PI) un diputado, Iván Posada, podría ser la clave para una aprobación.

Posada redactó otro proyecto de despenalización, basado en la legislación alemana, según el cual el aborto estaría permitido luego de que la mujer sea asesorada por un grupo de consejeros profesionales y una persona con ideas “abiertamente antiabortistas”, explicó el viernes a radio El Espectador.

“Luego hay un período de reflexión para la mujer de cinco días al cabo del cual si mantiene su decisión de practicarse el aborto, se despenaliza”, explicó, considerando que sería una solución en “una instancia donde hay conflicto de valores”.

El proyecto aprobado en el Senado, en cambio, se afilia “a la tesis de que es parte del derecho de la mujer, es parte de su cuerpo, y en consecuencia hay una decisión que sólo le compete a la mujer”, explicó.

Vega sostuvo que si ese proyecto “evita muertes de las mujeres no tengo ningún problema en votar eso o cualquier otro”.

“Hoy la sociedad uruguaya está preparada para la despenalización del aborto, no para otras cosas. Hagamos eso y evitemos que las mujeres se mueran”, enfatizó.

A inicios de mes se supo que dos mujeres fallecieron este año luego de practicarse abortos inseguros. Ambos casos ocurrieron en hospitales públicos y ambas interrumpieron su embarazo utilizando misoprostol, un fármaco recetado para tratar úlceras y que se usa ilegalmente para provocar contracciones e inducir la interrupción de un embarazo en las primeras semanas de gestación.

Los casos revelaron “un cambio inesperado” en la tendencia de los últimos años, ya que desde 2008 no ocurrían muertes por abortos inseguros, advirtió la organización Iniciativas Sanitarias, que busca prevenir el aborto provocado en condiciones de riesgo.

Esta semana, un enfermero de un hospital público fue procesado por vender de forma ilegal pastillas de Misoprostol para provocar abortos.

Al realizarse de forma clandestina, los abortos en Uruguay son difíciles de contabilizar, pero según datos de organizaciones no gubernamentales en este país de 3,4 millones de habitantes se registran más de 30.000 abortos por año, contra unos 47.000 nacimientos anuales.

En Uruguay el aborto fue legal entre 1934 y 1938, año en el que se aprobó la ley actualmente vigente.

Desde entonces, hubo proyectos para legalizarlo en 1978-1979, 1985, 1991, 1993, 1998 y 2002.

En 2008, el entonces presidente Tabaré Vázquez vetó los artículos de una ley que despenalizaban el aborto alegando “principios éticos”, pero el actual mandatario José Mujica ya anunció que si la ley es aprobada no la vetará.

En los últimos meses las organizaciones a favor y en contra del aborto, además de la Iglesia Católica, han intensificado sus campañas en defensa de sus posiciones.