Hace más de medio siglo, Albert Einstein advertía que “no es posible resolver los problemas que hemos creado con la misma forma de pensamiento con la que los hemos engendrado”. Esto parece ser lo que ocurre en el escenario local actual, donde los conflictos ambientales y sociales que se solían explicar desde las ciencias ecológicas y sociales, de forma disociada, han cambiado y la realidad ha alcanzado insospechados niveles de complejidad.
Sujetos del neoliberalismo a ultranza que se ha desatado en nuestro país desde hace décadas, los políticos locales (de izquierda, centro y derecha) parecen no poder resolver los múltiples problemas que aquejan a las familias, regiones y a los distintos territorios del país.
Los políticos, con sus ideas sustentadas en “concepciones rebasadas”, encuentran una escasa vigencia y pobre imagen en la ciudadanía. Los emergentes movimientos sociales plantean, como alternativa, la necesidad de generar un cambio conceptual, traducido en instrumentos políticos, en la forma en que estamos transformando nuestro entorno social y natural.
El surgimiento de nuevos movimientos sociales ante la crisis de la izquierda y la derecha
Frente al surgimiento de ideas que se multiplican en todo Chile: ¿cuál es la posición de pensadores de izquierda y de derecha frente a estos movimientos? ¿Ha podido la derecha responder a las demandas que subrayan lo perverso de una Constitución y un sistema neoliberal impuestos a sangre y fuego bajo el alero de una dictadura? ¿Qué alternativas que vayan más allá de denuncias propone la izquierda?
Los nuevos movimientos sociales, frutos de la creatividad colectiva y de la práctica de nuevas iniciativas, construyen poder socio-ambiental familiar, comunitario y regional, y rompen con la forma convencional de hacer política. Los movimientos tienen características compartidas: demandan la descentralización del poder económico y político; la socialización de los beneficios asociados al uso de los recursos naturales de los chilenos; la diversificación productiva; la equidad de género; la democratización de la educación, ciencia y tecnología; las reivindicaciones étnicas y territoriales; la protección de ecosistemas y de los servicios que ellos proveen; el respeto a la soberanía alimentaria; entre otros.
Las prácticas e ideas renovadas de los movimientos ciudadanos confirman lo que señalaba el mexicano Víctor Toledo en 2007, y es que “los lentes de la izquierda y derecha convencionales no logran articular que, en un mundo globalizado, los procesos sociales y ecológicos se encuentran indisolublemente ligados. El poder es una relación entre seres humanos y naturaleza y, por lo tanto, todo conflicto entre grupos humanos se resuelve modificando no sólo las relaciones sociales, sino también las ecológicas”.
La sustentabilidad como poder social y como principio en los nuevos planteamientos
Nuestros gobiernos se han encargado de difundir, de forma perversa aunque no explícita, la falacia de que la protección ambiental es un lujo de países desarrollados, incluso como un “impedimento para el desarrollo”. Sin embargo, desde su lanzamiento en la Cumbre de Río (1992), el concepto de sustentabilidad ha sido ineludiblemente adoptado por gobiernos, corporaciones, centros académicos, universidades, entre otros. Como resultado, el concepto hoy tiene diferentes versiones, algunas ingenuas, contradictorias, perversas y superficiales.
A pesar de esto, y tal como lo señaló Víctor Toledo en 2003, “la sustentabilidad como poder ciudadano es la acepción más congruente, radical y legítima, lo que se ve representado en la multiplicación de movimientos sociales”. Los principios de sustentabilidad han sido adoptados explícitamente en los movimientos que han emergido en Chile. A continuación describo, muy brevemente, sólo algunos de muchos ejemplos:
Empoderamiento, participación ciudadana y naturaleza. El movimiento social por Aysén, entre sus 11 demandas, estipula que debe existir una participación ciudadana vinculante para la evaluación de megaproyectos proyectados en la región, incluidas las represas, considerando proyectos en tramitación como HidroAysén. Las regiones deben poder decidir el futuro de sus territorios.
Socialización de los beneficios (y no sólo de las externalidades negativas) de actividades industriales asociadas a los recursos naturales: En Calama, la Asamblea Ciudadana demanda el acceso a los beneficios que genera la explotación minera en su entorno, mediante la creación del Fondo de Desarrollo del Norte. De esta manera, la COMUNIDAD accederá a los recursos de la minería y podrá impulsar un anhelado desarrollo económico y social a nivel local.
Diversificación productiva. La diversificación es crítica para poder enfrentar eventos imprevistos y devastadores, tanto de tipo social-económico (ej. crisis financieras) como climáticos (ej. sequías, heladas e inundaciones). Estos eventos son cada vez más frecuentes en un planeta en crisis. Para hacer frente a esta incertidumbre, los ayseninos demandan diversificación productiva para la actividad pesquera artesanal y para el campesinado de pequeña y mediana escala. Para la pesca, solicitan áreas de manejo con parcelas familiares y el respeto de los derechos de los 3.000 pescadores artesanales. Para la agricultura de pequeña escala, demandan programas de desarrollo local que consideren accesibilidad y conectividad, líneas de financiamiento expeditas, etc. Estas demandas, nacidas en los núcleos mismos de pescadores y agricultores que conocen la importancia de la diversificación en sus ambientes locales, son básicas para que las familias eviten que los vaivenes sociales y naturales que actúan a escala mayor los afecten irreparablemente.
Equidad de género. Desde Puerto Montt, ANAMURI, una organización que promueve el desarrollo de mujeres rurales e indígenas, trabaja fortaleciendo la organización de mujeres a escala local y regional. Su iniciativa ha trascendido a varias ciudades del centro-sur del país y su quehacer se basa en la construcción de relaciones de igualdad, considerando condiciones de género, clase y etnia, en un ambiente de respeto entre las personas y la naturaleza. Así, ANAMURI construye una “modernidad alternativa” en los propios territorios rurales del centro-sur del país.
El rol de la educación: ciencia y tecnología ambiental. No existe movimiento social sin la apropiación de la ciencia y tecnología. Aysén demanda una universidad para la región, los estudiantes marchan por una educación de calidad y de carácter Estatal. Numerosos investigadores chilenos, muchos en el país y cientos en proceso de formación en el extranjero, reconocen el problema de que la ciencia y tecnología contemporáneas están cada vez más influenciadas por intereses del capital corporativo. Muchos reconocemos la importancia del conocimiento de los ambientes locales por parte de pueblos indígenas y pobladores rurales mestizos con cientos de años expuestos a sus realidades locales. Además, la ciencia es cada vez más observada e incluso criticada por la ciudadanía. Esto explica el surgimiento de programas universitarios de difusión al medio externo y la aparición de proyectos de “ciencia participativa”. En éstos, el papel de lo “local” ha sido esencial, por ejemplo, en el aumento del rendimiento de sistemas agrícolas mediante la agroecología, manejo del agua y suelos, puesta en valor de la biodiversidad local en el turismo, desarrollo de técnicas sustentables de fertilización y control biológico de plagas, etc.
Reivindicaciones étnicas y empoderamiento territorial. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas demuestra el avance mundial en la temática. En Chile, sin embargo, las aprehensiones jurídicas y políticas sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos no tienen base real, sino más bien ideológica. El Estado debe reconocer la existencia de los pueblos indígenas y comprometerse a promover su propia autonomía, y la Sociedad debe apoyar el reconocimiento de sus derechos territoriales. La inclusión de aspectos fundamentales del conocimiento ecológico tradicional de las pueblos originarios se manifiestan en varias de las demandas ciudadanas sobre soberanía alimentaria, respeto al patrimonio cultural y educación intercultural, entre otras.
Protección de ecosistemas locales y de los servicios que ellos proveen. Después del resistido proyecto (Pascua Lama) de la transnacional Barrick Gold, un nuevo proyecto (Cerro Casale) de mayor envergadura y en el que esta empresa tiene un 75% de las acciones, amenaza a toda la cuenca y a los agricultores del Valle de Copiapó. Geólogos, ecólogos y glaciólogos concuerdan en el nefasto impacto que este proyecto, el cual necesita más de 900 litros de agua por segundo, podría traer para numerosas familias que habitan un área que ya sufre de una preocupante escasez hídrica. La Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Copiapó, empoderada con el conocimiento de científicos y su propia experiencia, exige que el proyecto no use agua dulce, sino que 100% agua salada.
Soberanía alimentaria y biodiversidad. La soberanía alimentaria busca garantizar el que los pueblos tengan las facultades y los derechos para definir en forma sustentable sus propios modelos de producción, distribución y consumo de alimento. En Arica y Parinacota, la Asamblea que reúne a numerosas organizaciones explicita, entre sus 19 demandas, un plan de protección del Valle de Azapa que evite la destrucción de los olivos por el avance de las semillas transgénicas. Estas últimas, podrían amenazar la salud humana y ecosistémica de una de las zonas con mayor biodiversidad (genética, de especies y ecosistemas) del país.
Estos pocos ejemplos se basan en premisas básicas de la sustentabilidad, las que subrayan que el poder no se construye en lo abstracto y centralizadamente, sino que en los espacios concretos de los territorios (política territorializada). El poder lo construyen los movimientos sociales y sus propios organismos. Esto se traduce en proyectos formados por núcleos de actores organizados consensualmente (democracia participativa). La sustentabilidad se construye con ideas y praxis, “desde abajo”.
El empoderamiento social, con principios de respeto entre las personas y la naturaleza, poco a poco hace frente a los poderes que dominan a la sociedad actual: el poder político del Estado y el económico del Mercado. La sustentabilidad se vuelve, cada vez más, una práctica en que las aspiraciones familiares, comunitarias y regionales se resuelven transformando las relaciones sociales y las ecológicas.
El poder se construye para acrecentar el empoderamiento de los habitantes sobre los procesos sociales y naturales que los afectan. Este poder “socio-ecológico” encuentra adeptos en distintas regiones de Chile (incluyendo la Metropolitana) y genera tejidos de organización y alternativas concretas para que se garantice una mejor calidad de vida de las localidades, regiones y de los ambientes naturales que definen su cultura.
José Tomás Ibarra
Estudiante de Doctorado en la Universidad de British Columbia, Canadá
