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Congreso de Ecuador votará ley de medios que reduciría espacio de privados

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El Congreso de Ecuador votará el miércoles una ley de comunicación promovida durante cuatro años por el gobierno de Rafael Correa, que mermaría sustancialmente el espacio del sector privado mediante una nueva repartición de frecuencias, y que la oposición denuncia como una mordaza.

El proyecto será votado en una sesión convocada tras varios cambios al texto original y consultas entre Correa y su bloque legislativo, hace dos semanas, para garantizar que el mandatario no lo vetará cuando deba sancionarlo.

El movimiento oficialista Alianza País (AP, izquierda) -que cuenta con la principal bancada- necesita 63 votos para que se apruebe la iniciativa, de los cuales tiene seguros 53, por lo que cabildea con miras a asegurar la mayoría.

“Estamos optimistas porque el proyecto presentado es satisfactorio, en especial por el capítulo de la redistribución de frecuencias”, dijo el martes la coordinadora de AP, Paola Pabón, consultada sobre los sufragios en el Congreso.

Pero partidos como Pachakutik (PK) -que aglutina a un sector indígena- anunció que votará en contra porque, pese a mostrar “avances”, el texto “no garantiza la libertad de expresión”.

“Hay el riesgo de que Correa lo utilice como herramienta de persecución contra sus opositores”, dijo la diputada de PK Diana Atamaint.

El legislador del PRIAN (derecha) Vicente Taiano no descartó votar a favor si se modifica la conformación del denominado consejo regulador -uno de los aspectos más polémicos que incluiría a un delegado del presidente- y si AP se compromete a rechazar un eventual veto de Correa.

Uno de los siete legisladores del PRIAN, Vladimir Vargas, anunció que apoyará la ley, mientras que el ponente de la iniciativa, Mauro Andino, aseguró que “todavía hay tiempo para hacer precisiones”.

La norma fue ordenada por la Constitución de 2008, pero sucesivas dilaciones impidieron cumplir ese mandato, por lo que Correa volvió a impulsar la cuestión mediante un referendo aprobado el 7 de mayo de 2011.

Este empeño se produjo al calor del enfrentamiento entre el gobernante y un sector de la prensa, al que acusa de hacer política solapadamente para defender sus intereses y los de poderosos grupos para desestabilizarlo.

El punto álgido de esa pugna fue la condena, en febrero pasado, contra tres directivos y un ex editor del diario El Universo a tres años de cárcel y al pago de una indemnización de 40 millones de dólares a Correa, que los demandó por injuria. Sin embargo, el mandatario pidió finalmente anular la sentencia.

La iniciativa plantea que 34% de las frecuencias sean concedidas a medios comunitarios, 33% para públicos y 33% para negocios privados con fines de lucro.

Actualmente, 85,5% de las frecuencias radiales son privadas, 12,9% públicas y 1,6% comunitarias, según la Superintendencia de Telecomunicaciones. En el caso de la televisión, 71% son privadas y 29% públicas.

Asimismo, plantea la creación de un consejo de regulación con delegados del presidente, las alcaldías y gobernaciones, las universidades y las organizaciones de comunicación y derechos humanos.

Esa instancia tendría la facultad de sancionar a medios que por ejemplo se nieguen a rectificar informaciones. En caso de reincidencia, se prevén multas de hasta 10% de la facturación promedio de tres meses.

El proyecto de ley incluye otras cuestiones como la regulación o prohibición de contenidos violentos, discriminatorios o explícitamente sexuales, y la responsabilidad ulterior.

También, la obligación que tendrán las estaciones de radio y televisión de difundir producciones nacionales. Los espacios musicales de radio deberán dedicar 50% a esos trabajos, y la televisión 40% de su parrilla.

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