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En vez de hablar de restitución territorial mapuche, hablamos de muertos, heridos, encarcelados…

Wente Winkul Mapu | Felipe Durán (C)
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Hace pocos días, en un confuso incidente después de un allanamiento a una comunidad mapuche en Malleco, murió de un tiro Hugo Albornoz, Sargento 2º del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros.

Es difícil determinar el número de muertos como producto de la represión del Estado de Chile al movimiento mapuche, desde la vuelta de la democracia.

Al número oficial de 3 jóvenes mapuche asesinados por efectivos de Carabineros, se le suma una decena de testimonios por todo el territorio mapuche de muertos violentamente en circunstancias ligadas al conflicto: la familia Huenupe Pavián en Cauñicú, el dirigente Jorge Suarez en Malla-Malla, Julio Wentekura en la penitenciaría de Santiago, Xenón Díaz en Malleco, Juan Collihuin en Nueva Imperial y otros, cuyas familias afirman que si no fuera por la negativa del Estado a devolver tierras, sus seres queridos estarían vivos.

La muerte de Hugo Albornoz marca un hito en este conflicto, porque es el primer caído que milita en las fuerzas policiales del Estado de Chile. Hasta ahora todos los muertos eran mapuche. Mapuche eran también todos los encarcelados.

Y es que Carabineros de Chile, a pesar de tanta irregularidad que se ha hecho patente en la zona, no es el responsable último de la violencia en territorio mapuche. Es cierto que los abusos policiales son muchos, pero los responsables de la violencia son finalmente los representantes del Poder Ejecutivo que, en vez de abrir un proceso sistemático y programado de restitución del territorio, han optado por la represión policial y judicial al movimiento mapuche.

¿Por qué tanta negativa a la restitución del territorio? Creo que el motivo no es otro sino que la gran mayoría de las hectáreas usurpadas hoy están en manos de dos de los grupos económicos más poderosos de Chile: el grupo Angelini, dueño de Forestal Arauco, y el grupo Matte, dueño de Forestal Mininco.

La connivencia entre esta industria y el poder político es un supuesto, toda vez que no existe una ley de transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. ¿Acaso habrá algún parlamentario que pueda decir que su campaña no fue financiada por alguno de estos dos grupos económicos?

Ante la indiferencia de la clase política, pasan a ser actores relevantes las fiscalías, que se ven con la presión de producir resultados para justificar sus largas investigaciones. Y así, para llegar a muy pocas condenas, se ha tenido que pasar por procedimientos totalmente irregulares, con las malas artes que hemos visto en los últimos años: incriminaciones sacadas bajo tortura, procedimientos policiales desproporcionados e irracionales, montajes burdos, testigos protegidos conseguidos con suspensiones irregulares o en base a dinero.

Hoy vemos una situación inaceptable, que el fiscal Luis Chamorro, que estuvo a cargo del operativo en que murió el carabinero, es mandatado para investigar la muerte que fue resultado del mismo.

Un ejemplo puede servir para ilustrar mejor la situación. Al día siguiente de la muerte del carabinero Albornoz, en el tribunal de Victoria se iniciaba la preparación del juicio oral por una causa de octubre de 2009. Se trata una quema de camión y asalto a un peaje en la carretera, por el que llevan 2 años y medio por Ley Antiterrorista 10 comuneros mapuche de Malleco, incluidos 2 jóvenes que eran entonces menores de edad.

Los mapuche pasaron más de un año en prisión preventiva, protagonizaron una huelga de hambre de casi 3 meses, para luego quedar con arresto domiciliario un año más, es decir, sin posibilidad de llevar el sustento a sus hogares.

Todo ello, hasta que hace poco más de una semana, en la preparación del juicio, la jueza pide al fiscal Velásquez que reformule la acusación que está haciendo. La acusación estaba basada en un “contexto subversivo” que incluía actos desde el año 2004. Con eso, el fiscal pretendía que los 10 imputados no sólo fueran juzgados por determinado hecho en el cual él afirma tener pruebas para inculparlos a ellos, sino que fueran juzgados como peligrosos terroristas que amenazan la paz social, con lo que los procedimientos se hacen mucho menos transparentes.

Y es que, después de 2 años y medio de investigación, al parecer las “pruebas” simplemente no alcanzan. Durante gran parte del proceso, el fiscal afirmaba tener una grabación clave… que después él mismo desestimó.

Y así, resulta que al parecer no tiene más que el testimonio de un “testigo” protegido que dice haber participado en el hecho, que no es de Malleco, que tiene antecedentes delictuales anteriores, que se ha hecho público que está recibiendo un sueldo de la fiscalía y que fue a juicio abreviado para ser condenado por Ley Antiterrorista por estos hechos en cuestión… y pagar la condena en libertad. El sujeto, además, afirma haber participado en otros hechos donde hay otros imputados, de comunidades bastante lejanas a éstas. Es decir, se trata de un verdadero comodín de las fiscalías.

Entre medio, tuvimos afirmaciones de la fiscalía, del senador Alberto Espina y del mismo Sebastián Piñera (siendo éste candidato), de que estos mapuche y otros estaban recibiendo entrenamiento con las FARC, lo que luego fue desestimado por las policías.

El día después de la muerte del carabinero, coincidió con la nueva preparación de juicio por el caso Peaje Quino, en que el fiscal Velásquez debía reformular su acusación. Sin embargo el fiscal Velásquez no lo hizo, mostrándose desafiante frente a la jueza y retirándose del tribunal, dejando solamente como parte querellante a los abogados del Ministerio del Interior, que en el resto de la audiencia sólo dieron muestras de su ignorancia respecto a la investigación.

Y es que probablemente el fiscal, aprovechándose del contexto actual, con la muerte del carabinero, buscará apelar a la Corte Suprema, ¿quizá pidiendo la destitución de la jueza? El desenlace de ese caso lo veremos en los próximos meses.

Por su parte, en la comunidad Wente Wingkul Mapu, donde murió el carabinero, cunde el miedo. Ya son 4 comuneros de esa comunidad que se encuentran en la cárcel, dos de ellos encarcelados en otro allanamiento similar en noviembre, cuando fueron presentados al tribunal de garantía totalmente golpeados por carabineros.

Se podría seguir relatando hechos increíbles para un ciudadano que cree que las instituciones en Chile funcionan con normalidad. Sería algo de nunca acabar.

Lamentablemente, por la incapacidad política de los gobiernos, en vez de hablar de procesos de restitución de tierras, estamos hablando de muertos, heridos, encarcelados, torturados, coimeados, etc.

L. García-Huidobro

L. García-Huidobro

Luis García-Huidobro es sacerdote jesuita que presenció el allanamiento a la comunidad mapuche donde resultó baleado un efectivo del GOPE. Su cuenta en Twitter es @luisgarciahsj.

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