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Rechazan informe sobre recursos de reconstrucción entregados por ex intendenta Van Rysselberghe

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La Sala rechazó por 42 votos en contra, 37 a favor y 2 abstenciones, el informe de la investigación originada por las denuncias referidas a la asignación y administración de los recursos para reconstrucción por parte de la ex Intendenta del Bío-Bío, Jacqueline Van Rysselberghe.

El 3 de mayo de 2011 se aprobó en la Sala la creación de esta Comisión Investigadora, debido a las reiteradas denuncias acerca de cómo se desarrolló en la citada región por parte de Van Rysselberghe el proceso de asignación y administración de recursos dispuestos por el Gobierno Central, para las tareas de reconstrucción y emergencia derivadas del sismo de febrero de 2010.

Entre las irregularidades denunciadas estaría la asignación de subsidios de reconstrucción a personas no damnificadas, el haber contratado, para tal proceso, a personal externo no apto o calificado, y la asignación de subsidios a personas de su confianza personal.

La instancia fue presidida por el diputado Cristián Letelier (UDI), e integrada además por los diputados Gabriel Ascencio (DC), Pepe Auth (PPD), Eugenio Bauer (UDI), Sergio Bobadilla (UDI), Manuel Monsalve (PS), José Miguel Ortiz (DC), José Pérez (PRSD), Joel Rosales (UDI), Karla Rubilar (RN), María Antonieta Saa (PPD) Frank Sauerbaum (RN) y Pedro Velásquez (Ind).

Cuatro fueron las conclusiones aprobadas por la Comisión Investigadora, tras los antecedentes recibidos durante su trabajo. El informe establece, respecto a los hechos irregulares denunciados, que “lamentablemente por falta de pruebas no se acreditan debidamente en cuanto a su veracidad”.

Añade el texto que las declaraciones hechas por varios asistentes dicen relación con la obtención indebida de certificados de inhabitabilidad expedidos por municipalidades de la zona o bien a sobreprecio de determinados actos administrativos. No obstante, todo ello queda en los testimonios de los propios denunciantes.

En base a estos argumentos, las conclusiones del informe son las siguientes:

1.- Que la ex intendenta Van Rysselberghe cometió errores de forma en varias de sus actuaciones funcionarias, particularmente, en lo que se refiere a la situación de las poblaciones Aurora de Chile y Centinela II.

2.- Que los hechos que pudieran revestir graves infracciones administrativas colindantes en ausencia de probidad y lo que es más grave pudieran constituir conductas delictivas, afectan a funcionarios del orden municipal, considerando que los certificados de inhabiltabilidad los emite el departamento de obras respectivas.

3.- Que existieron funcionarios de la Intendencia Regional que se atribuyeron autoridad o derechos que la Ley no les confería, actuando en exceso respecto al marco de la competencia que la Constitución y la Ley les fija, por lo cual muchas de sus actuaciones adolecen de nulidad de derecho público. No se acreditó en la investigación si tales conductas fueron o no conocidas por la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe.

4.- Que el sistema jurídico chileno contiene los procedimientos pertinentes para fiscalizar los actos de Gobierno Regional, procedimientos que la autoridad competente utilizó oportunamente como consta de las denuncias formuladas ante la Contraloría General de la República y la Justicia Ordinaria.

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