El gobierno peruano divulgó el martes el reglamento de la ley que obliga a consultar con las comunidades indígenas todo proyecto extractivo que afecte a sus territorios y que permitirá “trabajar en paz y mejorar el clima social”, según afirmó el presidente Ollanta Humala.

El dispositivo complementa la ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y Originarios que da cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“El reglamento es para que podamos trabajar en paz, para que mejore el clima social, y para que desde el gobierno le digamos a las comunidades más pobres, a las comunidades indígenas, que nosotros los consideramos ciudadanos de primera categoría”, dijo el mandatario en una visita al Cusco (sudeste).

Humala aseveró que las comunidades nativas “tienen derechos y deberes, y que el diálogo es la mejor forma de hacerlos respetar”, a la vez que abrigó la esperanza que las inversiones lleguen al país y se respeten, sin sobresaltos”.

El reglamento fue divulgado seis meses después de la promulgación de la ley en setiembre pasado y tras un proceso de negociación entre el ministerio de Cultura y representantes de los gremios indígenas.

De acuerdo a la norma debe producirse un verdadero diálogo entre las autoridades y los pueblos indígenas “en un clima de entendimiento y respeto mutuo para alcanzar un acuerdo”.

Se establece la necesidad de que “el pueblo indígena sea informado, escuchado y haga llegar sus propuestas buscando por todos los medios posibles llegar a un consenso”.

En caso de que no se alcance un acuerdo las autoridades están facultadas para dictar las medidas necesarias, adoptando disposiciones para garantizar los derechos colectivos de los indígenas, indica el reglamento.

El ministro de Cultura, Luis Peirano, dijo días atrás que la realización de la consulta es obligatoria, pero que “el resultado de la misma no tiene carácter vinculante”.

La ley de Consulta Previa y su reglamento buscan evitar que se repitan conflictos como el que se produjo en la ciudad amazónica nororiental de Bagua en junio de 2009, donde murieron 24 policías y 10 indígenas en protestas nativas contra el ingreso de empresas de hidrocarburos a sus territorios.