La principal labor de los concejales es fiscalizar lo que se hace en los distintos estamentos de cada una de las corporaciones edilicias. Pero nunca ha sido tarea fácil en la Municipalidad de Concepción, donde se quejan moros y cristianos, opositores y partidarios de la actual administración, como también ocurrió en el pasado.
Al respecto, Jorge Condeza dice que por mucho tiempo se le negó información y sus consultas “en su mayoría, quedaban sin respuesta”.
Reclamó a la Contraloría que el Alcalde se defendía diciendo que sus peticiones eran genéricas y que al hacerlo así, “entorpecía la gestión municipal”. Pero, vía dictámenes, finalmente lo obligaron al jefe comunal a justificar las solicitudes e informar. “Lo que nunca ocurrió”, asegura Condeza.
Tras reiteradas negativas, recurrió de amparo ante del Consejo para la Transparencia, organismo que en varios dictámenes le dio la razón en las peticiones, lo que obligó al Alcalde a ir entregándole la información que pedía.
La sorpresa fue que el concejal Jorge Condeza deberá pagar por información que pidió para hacer su trabajo, y más aún, pagarle a la misma Municipalidad. El último cobro, fue por algo más de 51.000 pesos, con multas e intereses por hacerlo fuera de plazo.
“Es sorprendente que un concejal, en su tarea ficalizadora, deba pagar por la información que debe tener disponible para decidir bien informado”, sostiene.
Condeza denunció lo que considera un “grave atropello a mi función y aunque esto lo permite la ley, es ilógico que se demore la información con el único afán de entorpecer mi acción, lo que es un freno a fiscalizar, y además atenta contra una gestión moderna y transparente”, concluyó.
Cobro por información
