Es un tema que no pasa de moda. Se traspasa ya de generación en generación. No me refiero ni a la ropa o al rock, por ejemplo, sino que al maldito impuesto específico de los combustibles.
El tema se ha ido degenerando en el tiempo. No hay campaña política en que, al menos, en los últimos 15 años, un candidato a la Presidencia, al Congreso o a lo que sea que se haya hecho el lindo adornando sus discursos, afirmando que “lucharán” por eliminar el impuesto famoso.
Forman esas parafernálicas comisiones en el Parlamento para estudiar la eliminación de dicho gravamen pero, como la mayoría de ellas, no terminan en nada. A veces pienso que lo mejor de éstas son los almuerzos a los que asisten los influyentes y sus invitados. A lo mejor comiendo iluminan sus ideas los honorables, con el fiel objetivo de hacer creer a la gente, por años, que habrán resultados positivos al respecto, pero obviamente nunca llegarán.
Una cosa es cierta; el tema de rebajar el tributo a la bencinas se ha transformado en un chiste repetido de gobierno en gobierno y de parlamentario en parlamentario.
Para ilustrar el tema quiero aportar con una pequeña descripción de lo que es el impuesto específico a los combustibles.
Este fue creado en el gobierno de Pinochet después del terremoto de 1985, afirmando que era necesario para la reconstrucción de la infraestructura pública destruida por el sismo del 3 de marzo de aquel año. Por lo tanto, era solo un impuesto transitorio. En aquel entonces se desglosaba de la siguiente manera : 2 UTM por metro cúbico de bencina y 1,5 UTM (valor de la UTM actual es de $ 39.412) por metro cúbico de diésel.
Lo anterior ya ha ido perdiendo su validez con el transcurso de los años. Por ejemplo, hoy en día en Chile las principales carreteras son vías concesionadas a empresas particulares, por la cual un conductor paga (peaje) por transitar en ellas. Es decir, el Estado ya no gasta recursos en la construcción y mantención de estas rutas.
Este tributo tenía un carácter de transitorio y se quedó, para generar un alto ingreso a las arcas fiscales. Recuerdo haber leído un estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP) que daba como un probable motivo la contribución al financiamiento de la baja de otros impuestos. Con el tiempo, como es costumbre en Chile, éste fue subiendo, quedando en 6 UTM por metro cúbico de bencina y de 1,5 UTM por metro cúbico de diésel.
Una de las justificaciones que usó la autoridad para mantener este mayor impuesto fue que servía para reducir la contaminación ambiental y desincentivar el uso del vehículo. Por supuesto, esta teoría se desvaneció en el tiempo y su resultado no fue el esperado. Esto, más bien, huele a excusa para que el Estado pueda mantener y aumentar sus recursos a través de la recaudación fiscal.
Para que no se me acuse de ser intransigente con la autoridad, mencionaré que el actual gobierno de Sebastián Piñera promulgó la publicación de la Ley 20.505, que creó el Sistema de Protección ante Variaciones de Precios de Combustibles (SIPCO). Este sistema tenía el fin de evitar una serie de alzas en el precio del producto. En todo caso es sólo paliativa, ya que su objetivo es que cuando las alzas del precio internacional del petroleo son significativas, éstas no repercutan de la misma manera en el país.
Si comparamos el aporte del SIPCO, con el Fondo de estabilización del Petroleo (FEPCO), creado en el gobierno de Michelle Bachelet, el segundo tuvo mejor resultado, ya que el aporte del Estado para amortiguar las alzas de los precios, era ostensiblemente mayor.
En mi opinión, pienso que el SIPCO es como una pantalla. Si funciona una semana para suavizar un alza de la bencina, por ejemplo, en las siguientes, lo aumentan en forma gradual para que su valor se normalice. En pocas palabras, el precio final igual terminaremos pagándolo.
Como dato aparte, este impuesto específico lo pagan los automovilistas y transportistas, que representa una cuarta parte del consumo total. El mayor consumo, claramente, corresponde a las industrias que tienen capital de sobra para abarcar su valor.
Como lo menciono en el inicio de este artículo, las falsas promesas para eliminar de raíz esta carga impositiva pasan de gobierno en gobierno. En el caso del actual Presidente Sebastián Piñera no ha sido distinto. En su campaña, el expresó una y otra vez que la reducción del impuesto específico de los combustibles era necesaria, ya que implicaba un importante golpe en el costo de la vida para la clase media chilena.
El caso es que el actual gobierno no tiene una misma posición en este tema. Incluso, las diferencias de opinión entre los ministros de Hacienda y de Economía, Felipe Larraín y Pablo Longueira, respectivamente, son públicas. El primero se opone terminantemente, mientras que el segundo es partidario de estudiarlo y llevar a cabo dicha reforma, algo tan deseado por los chilenos.
Recuerdo que durante los últimos gobiernos de la Concertación, los parlamentarios de la Alianza por Chile se opusieron en forma sostenida a legislar para rebajar o terminar con el gravamen a los combustibles. Hoy que son gobierno, unos pocos, por ejemplo, el diputado Gustavo Hasbún (UDI) y el senador Hernán Larraín (UDI), son firmes partidarios de reducirlos o eliminarlos y, abiertamente, de compensarlos a través de una Reforma Tributaria. A ellos, se suman diputados y senadores la oposición.
Si hay miembros del mismo gobierno que lo rechazan, y a la vez, hay tantos intereses creados y lobby de grandes empresas, no veo un camino fácil para que se convierta pronto en una realidad. El Presidente Piñera tiene la gran posibilidad de cumplir de una vez con su promesa, y eso le traería consigo un buen dividendo político.
Pero, en este minuto, mi conclusión es que persiste la falta de solidaridad y compromiso de la autoridad frente a los desmedidos valores del combustible en Chile. Y lo antes mencionado es otro factor para que la ciudadanía no crea en ellos.
