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ONGs denuncian en CIDH más de 10.000 muertos sin identificar en México

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Organizaciones no gubernamentales denunciaron este viernes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una “tragedia humanitaria” por la falta de identificación de 10.000 personas que han muerto por la violencia en México.

“Estamos cerca de 10.000 restos sin identificar”, afirmó Mercedes Doretti, de la organización científica Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), durante una audiencia en la CIDH, en la cual los activistas denunciaron la falta de esfuerzo de México por encontrar a migrantes desaparecidos.

Entre 2007 y 2011, las ONG han contabilizado 1.230 cadáveres de 310 fosas clandestinas, y sospechan que muchos de ellos pueden ser migrantes centroamericanos sin identificar.

Las organizaciones han documentado al menos 316 casos de migrantes centroamericanos desaparecidos tratando de llegar a Estados Unidos desde México, donde la violencia del crimen organizado y el narcotráfico ha dejado más de 50.000 muertos en los últimos cinco años.

“Es una tragedia humanitaria. En cualquier país democrático habría un antes y un después”, dijo Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia de México.

“En México, hay detrás un asunto de discriminación. México no investiga la desaparición de los más pobres y los excluidos”, dijo Delgadillo.

“Las autoridades nos cierran puertas, no los están buscando”, reclamó Candelario Castillo, cuyo hijo se encuentra desaparecido.

“Después de lo que nos pasó, no confiamos en la Procuraduría General de la República”, aseveró.

Aún faltan por identificar más de 160 cadáveres de las masacres de Tamaulipas de 2010 y 2011, afirmaron los activistas.

De hecho, las ONG demandaron la creación de una comisión internacional, con participación de las organizaciones civiles, para colaborar en la identificación de esos cuerpos recuperados en Tamaulipas.

En México existen muchas instituciones, tanto federales como estatales, que llevan sus propios bancos de datos forenses, sin criterios comunes y sin compartir información entre sí, y tampoco hay colaboración entre México y los países centroamericanos, según las ONG.

“Esta situación hace necesaria más que nunca la implementación de nuevos mecanismos forenses para lograr una respuesta más satisfactoria en cuanto al acceso a la verdad y la justicia de los varios miles de familiares de emigrantes”, dijo Doretti.

Los representantes del Estado mexicano presentes en la audiencia reconocieron la “compleja situación de las personas no identificadas”, pero dijeron no poder dar una cifra estimada de los cadáveres que estarían en esa situación.

“El Estado mexicano reconoce la magnitud de los eventos en que se han encontrado restos y de ese tamaño han sido los esfuerzos” adelantados por el gobierno, dijo el subsecretario de asuntos jurídicos y derechos humanos de la Secretaría de la Gobernación, Max Dinner.

Dinner aseguró que el gobierno está conformando una base de datos forense centralizada, completada en un 70%, y que se espera terminar antes de que culmine el gobierno del presidente Felipe Calderón a fines de año, y que además el gobierno cuenta ahora con laboratorios forenses de punta.

“No es la misma situación de hace 2 o 3 años”, alegó Dinner, quien junto a otros representantes del gobierno pidieron a la CIDH reconocer los avances en materia de derechos humanos de México.

Los representantes del Estado dijeron estar abiertos a analizar la propuesta de las ONG de crear una institución que permita el intercambio de información entre México y los países centroamericanos.

La CIDH visitó México el año pasado y se encuentra preparando un informe sobre la situación de los migrantes en México.

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