Con las exposiciones de representantes del Gobierno y de la operadora Entel, la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados cerró el ciclo de audiencias públicas para recoger los planteamientos de los sectores interesados en la iniciativa legal que creará la Superintendencia de Telecomunicaciones. Los parlamentarios resolvieron votar en general la iniciativa en su próxima sesión.
En esta última audiencia, el Ejecutivo expuso la urgente de necesidad de modernizar la legislación en este ámbito, advirtiendo que Chile es uno de los países que se encuentra más atrasado a nivel continental.
El proyecto de ley en cuestión crea una Superintendencia de Telecomunicaciones como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya competencia básica será la fiscalización del cumplimiento de la normativa sectorial y, en caso de incumplimiento, imponer sanciones administrativas. También formará parte de las competencias básicas de la Superintendencia la participación en el otorgamiento y terminación de las autorizaciones para entrar al mercado de las telecomunicaciones.
Consultado sobre el particular, al término de la sesión, el jefe de fiscalización de la Subtel, Jorge Molina, sostuvo que “a nivel de América no hay más de tres o cuatro países que no tienen superintendencia de telecomunicaciones. Esta es una regulación que debió haber llegado hace diez años y estamos recién adecuándonos a lo que pasa en el mundo. Tener una superintendencia de telecomunicaciones focalizada en la protección de los derechos de los usuarios es un asunto muy relevante”.
Asimismo, recalcó que “la Superintendencia es parte de una estrategia global del sector de telecomunicaciones que tiene que ver con el cambio de régimen concesional y la reformulación de la Subsecretaría, que es lo que va a quedar una vez que las funciones de fiscalización y concesiones pasen a la Superintendencia”.
Molina advirtió que “a las empresas del sector les asusta el hecho de tener una superintendencia con un grupo de profesionales muy capacitados porque van a estar mejor fiscalizados y más obligados a cumplir la normativa, lo que es bueno para los usuarios. También les asusta el hecho que las multas suban y queden al mismo nivel de otras superintendencias”.
Previamente, en el seno de la Comisión, el gerente legal de Entel, Cristián Maturana, hizo una serie de juicios críticos sobre la reforma legal y formuló algunas proposiciones para modificarla.
Entre otros aspectos, el abogado dijo que las competencias interpretativas que tendrá la Superintendencia de Telecomunicaciones se superponen con aquellas radicadas en la Subsecretaría; que el futuro Superintendente tendrá potestades sancionatorias que resultan excesivamente discrecionales, que se impone a los operadores el financiar auditorías que son de competencia de la Superintendencia; que el Superintendente está sometido a un insuficiente régimen de inhabilidades e incompatibilidades; y no se contemplan mecanismos alternativos de resolución de los conflictos entre operadores.
Por su parte, el presidente de la Comisión, el diputado Ramón Farías (PPD), consideró necesaria la creación de una Superintendencia de Telecomunicaciones y por ello anticipó que votará favorablemente la idea de legislar, pero planteó algunas dudas sobre la caducidad de las concesiones.
“El proyecto establece la aplicación de multas, pero a nuestro juicio debe procederse a la caducidad de la concesión después de una cantidad de infracciones determinadas. Por otra parte, aquí no solamente hablamos de las grandes empresas como Entel o Telefónica, sino también de radios comunitarias, entonces aplicar una multa de mil UTM a una radio comunitaria es mandar a sus responsables a la cárcel. Creo que es necesario solucionar eso”, apuntó el parlamentario.
