El presidente de la multinacional Nestlé rechazó el viernes cualquier responsabilidad en el asesinato en Colombia de un sindicalista que fue empleado en su filial Cicolac, en una carta a un sindicato colombiano que interpuso una querella contra el grupo.

“Nestlé no tiene ningún tipo de responsabilidad , directa ni indirecta, ni por acción ni por omisión, en el homicidio de Luciano Romero” escribe Peter Brabeck-Letmathe al presidente del sindicato Sinaltrainal, Javier Correa, en carta fechada este 16 de marzo, y cuya copia pudo obtener la AFP.

El presidente del grupo acusa al sindicato de iniciar una “acción legal” contra Nestlé “basada en terribles y falsas acusaciones, incluyendo la alegación de que hay indicios de que la filial local de la empresa realizó pagos a grupos paramilitares”.

El sindicato Sinaltrainal interpuso a principios de marzo una denuncia penal por homicidio involuntario contra Nestlé, líder mundial del sector agroalimentario, ante un tribunal de Zug (centro de Suiza). A esa denuncia se sumó el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), una organización de defensa de derechos humanos basada en Alemania.

Los hechos se produjeron en Colombia hace varios años.

Según la multinacional, Romero trabajó hasta el 22 de octubre de 2002 en la compañía Cicolac, una procesadora de leche propiedad de Nestlé en la ciudad de Valledupar (noreste), fecha en la que se dio por terminado su contrato por haber participado en un paro ilegal el 12 de julio de ese año.

Tres años más tarde, en septiembre de 2005, Romero fue asesinado mientras trabajaba como taxista en Valledupar. Sus asesinos, paramilitares, fueron condenados.

Según los denunciantes, Romero habría sido amenazado por presuntos paramilitares después de ser acusado por la multinacional de pertenecer a la guerrilla.

El sindicato reprocha así a la dirección de Nestlé no haber tomado las medidas de protección hacia el sindicalista.

El presidente de Nestlé afirma en su carta de este viernes que se “reserva el derecho ante cualquier foro y jurisdicción” de “proteger el buen nombre y reputación”, de la multinacional.