Buena coincidencia: comenzamos el 2012 con dos trabajos de construcción de consensos absolutamente pertinentes y complementarios.
En enero se presentó el resultado de dos comisiones que trabajaron sobre la matriz energética y, recientemente, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios y CIPMA lanzaron el documento “Agua y Medio Ambiente ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades para una gestión más sostenible, justa y transparente del recurso hídrico?”, resultado de un debate intersectorial.
Existe sinergia entre este documento y el referido a la energía: mal que mal para desalar agua de mar, una opción considerada como la panacea por muchos, se requiere mucha energía. Y para generar hidroelectricidad, se necesita agua predecible y abundante.
El primer consenso detectado sobre el recurso hídrico enfatiza la urgencia de tomar medidas que, junto con responder a la actual sequía, aborden un problema estructural que está amenazando, no sólo el recurso para consumo humano y para actividades productivas, sino que para los servicios ecosistémicos en general y a los modos de vida de grupos poblacionales, tales como pequeños agricultores y comunidades indígenas.
El documento consigna que la disponibilidad de agua está bajo la media para el 60% de la población de Chile y afecta a la producción del 70% del PIB. Sin embargo, ni la opinión pública ni el Gobierno parecen estar reaccionando con la profundidad y la velocidad que la situación amerita.
El segundo consenso se refiere a la obsolescencia, precariedad e incoherencia de la actual institucionalidad, fragmentada en 18 distintas reparticiones públicas, a menudo con posiciones contradictorias. Se consideró que el sistema de registro de los derechos de agua es insuficiente; las organizaciones de usuarios son precarias; el mercado es opaco y favorece a las grandes empresas; el Código de Aguas requiere ser reformado, entre varios desafíos detectados. Todo ello redunda en la creciente disociación entre la seguridad jurídica del título y la inseguridad hídrica.
Existió un cuestionamiento a la transparencia en la asignación de derechos de aprovechamiento del recurso, así como de los mecanismos de gobernabilidad, calificados de “extrema debilidad” por los participantes, aludiendo a que sólo existen 51 Juntas de Vigilancia establecidas (el río Loa, por ejemplo, no cuenta con una), cuya fragilidad se ha visto demostrada en los recientes conflictos entre regantes generados por la actual sequía.
Sobre los actores privados, el sector agrícola, representado por la Sociedad Nacional de Agricultura, queda como el villano de la película, por su negativa a sentarse a la mesa y participar en el debate, a pesar de representar el 78% del consumo del recurso y tener un amplio espacio para mejorar en el uso eficiente del recurso.
La Gran Minería, si bien siempre señalada con el dedo por su magnitud, representa a nivel nacional sólo el 4% de la disponibilidad, aunque concentrada en los lugares más áridos donde compite por el recurso con las comunidades originarias, pero muestra la mayor capacidad de innovación, inversión y uso eficiente del agua. Por su parte, se reconoce que el gremio sanitario enfrenta el gran desafío de promover una cultura del uso responsable y abordar las pérdidas del recurso.
Un obstáculo identificado por todos los actores participantes es la falta de información completa, coherente y adecuada a la diversidad geográfica de las cuencas. Claramente, por la variabilidad climática chilena, los promedios y las cifras agregadas no sirven. Los participantes constataron la falta general de información sobre las aguas subterráneas y su interacción con las aguas superficiales.
Tampoco existe suficiente información sobre la calidad del recurso. Poco probable es que el Estado pueda generar información en el corto plazo, pero sí se puede recolectar toda la disponible, incluyendo las líneas de base presentada al Sistema de Evaluación Ambiental, e invitar a las comunidades a aportar su percepción de los cambios experimentados en el período reciente así como sus conocimientos ancestrales sobre el comportamiento hidrológico.
Algunos comentaron que el documento era pesimista. Sin embargo, en el contexto de cambio climático, sólo puede esperarse la agudización de la situación, de modo que es preferible un tono pesimista que nos mueva a la acción, que un optimismo desinformado.
Los datos son contundentes y las evidencias ya son una realidad, por lo que sólo cabe innovar. Se requieren soluciones del siglo XXI y comenzar por las que ya están consensuadas. Otras, por ejemplo, el debate de los glaciares, tendrán que seguir esperando.
Ximena Abogabir
Presidenta Ejecutiva de Casa de la Paz, periodista y miembro del Consejo Nacional asesor del programa de pequeños Subsidios del PNUD (Naciones Unidas). En el pasado fue miembro del Consejo Consultivo Nacional y del Metropolitano de CONAMA, Presidenta del Consejo de las Américas y Consultora de Unicef.
Desde el año 2002 a la fecha integra la Comisión Verificadora de Conducta Responsable, organizada por la Asociación de Industriales Químicos.
