Una profesora ganó una demanda contra su empleador, la sostenedora de un colegio particular subvencionado de Hualpén, debido a remuneraciones y cotizaciones impagas.
Durante el juicio laboral, se comprobó que fue falsificada la firma de la docente, quien -curiosamente- es hija de la dueña del establecimiento.
La historia se remonta a mayo de 1989, cuando Darling Arriagada Petit comenzó a trabajar como funcionaria administrativa en la Escuela Particular subvencionada Enrique Molina Garmendia, ubicada en calle Holanda en la comuna de Hualpén, establecimiento del que su madre, María Olivia Petit Pérez, es la sostenedora.
Tras titularse de profesora básica impartió clases en ese recinto y en una sede cercana, desde mayo de 1996. Sin embargo, el 13 de julio del año pasado decidió demandar a su progenitora, esbozando la figura del despido indirecto -o auto despido-, por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato de trabajo, como pago de remuneraciones en los últimos dos meses de ese año y de cotizaciones de salud en algunos meses desde 2006 a 2011.
La demandada respondió que, en efecto, una fracción de lo reclamado no fue cancelado por fuerza mayor, ya que un incendio consumió parte importante del establecimiento en febrero de 2011, pero que pese a las dificultades la escuela pagó en la medida que sus condiciones lo permitieron.
Sin embargo, la magistrada Valeria Zúñiga, jueza titular del Juzgado del Trabajo de Concepción, acogió la demanda y condenó a la sostenedora.
Para el abogado de la profesora, Marcelo Parodi, el hecho se agrava porque ningún organismo fiscalizó la situación, en circunstancias que los dineros son fiscales, al tratarse de un colegio particular-subvencionado.
El juicio acreditó, incluso, que se falsificó la firma de la profesora en algunas liquidaciones que el establecimiento pretendía simular como efectivas para desacreditar la demanda.
El tribunal decretó que la demandada debe pagar una suma total de 14 millones de pesos por todos los conceptos reclamados.
