El ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, señaló este martes en la Intendencia de Aysén que la posición del Gobierno es inalterable respecto a la negociación que llevan a adelante con la mesa de diálogo, que integran dirigentes sociales y gremiales de la región.

Según indicó, el Ejecutivo ha establecido un cronograma para avanzar en la totalidad de los puntos del petitorio, cuyo primer ítem es lo relacionado con los combustibles.

Al respecto, el representante del Gobierno aseguró que no hay una propuesta diferente a la ya planteada, que consiste en un 70% de subsidio al transporte terrestre y un 50% al marítimo.

Según las autoridades, con estas medidas se bajarían los costos al momento de pagar por un litro de carburante entre un 3% y un 25%, lo que en términos monetarios significa rebajas de $8 en Aysén y Coiyhaique, y hasta $100 en localidades más apartadas como Villa O’Higgins, ubicada a 565 kilómetros al sur de la capital regional.

Por otro lado, y tal como se adelantó, el Gobierno señaló que no se niegan a negociar con alguna otra organización, luego que trascendiera la articulación de otro grupo de dirigentes vinculados a entidades gremiales empresariales en Coyhaique, además de juntas de vecinos, que han mostrado su apoyo a la intendenta Pilar Cuevas en este proceso de negociación, valorando los beneficios ofrecidos a las autoridades, reunión que ya se concretó.

Por último, el titular de Energía sentenció que en el caso que se retomen acciones de protesta como la instalación de barricadas, se evaluará en su momento las acciones a seguir por parte del Gobierno.

En tanto, el senador de RN Antonio Horvath arribó a la zona acompañado por los economistas Antonino y Franco Parisi, quienes trajeron un informe respecto a la viabilidad de las demandas de los habitantes de Aysén, respecto a las rebajas del 20% en el combustible.

Según los académicos, lo anterior tendría un impacto menor en las arcas fiscales, porque sólo representarían incluso el 2% de lo que se recauda por concepto del impuesto específico, que alcanza en el país más de 1.700 millones de dólares. Sólo eliminándola en la región, es más que viable puesto que tendría un impacto de entre 15 millones de dólares a 20 millones de dólares para el Estado.