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Comienza en Canadá juicio sin precedentes contra la industria tabacalera

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Un juicio sin precedentes contra la industria tabacalera de Canadá comenzó este lunes en Montreal (Quebec, este) contra tres grandes empresas, que enfrentan una demanda colectiva por unos 27.000 millones de dólares por no advertir a los consumidores sobre los riesgos de fumar.

Los demandantes presentaron dos demandas colectivas separadas que se combinaron en lo que es el mayor juicio civil en la historia de Canadá, en contra de Imperial Tobacco de Canadá (una filial de BAT), JTI-Macdonald y Rothmans Benson & Hedges, en el Tribunal Superior de Quebec.

El abogado Bruce Johnston, que representa a dos millones de fumadores y exfumadores, acusó a las empresas tabacaleras de “duplicidad” por vender deliberadamente un “producto nocivo”, y las responsabilizó de “trivializar” los riesgos para la salud de los consumidores.

Según documentos judiciales, los demandantes acusan a las tabacaleras canadienses de ocultar investigaciones que revelan un vínculo entre el hábito de fumar y serios problemas de cáncer.

La demanda también alega que las tabacaleras en Canadá trataron de manipular los niveles de nicotina en sus cigarrillos, aumentando los niveles de alquitrán e incluso añadiendo algunos productos como amoníaco.

En su discurso de apertura, Johnston acusó a los fabricantes de cigarrillos de emplear “estrategias de marketing que propagan información falsa” sobre sus productos, y les reprochó el hecho de usar tabaco con niveles de nicotina lo suficientemente altos como para que muchos fumadores siguieran siendo dependientes.

La primera demanda incluye a 90.000 fumadores y exfumadores en Quebec que alegan haberse enfermado de una serie de dolencias relacionadas con el consumo de cigarrillos, incluyendo enfisema y cáncer de garganta y laringe; y demandan 105.000 dólares por persona.

La segunda demanda fue firmada por 1,8 millones de fumadores que se dicen incapaces de dejar el tabaco, y quienes demandan 10.000 dólares por persona.

Johnson pidió al juez que examinara si las empresas “conspiraron para impedir que los fumadores fueran informados sobre los peligros inherentes del consumo de tabaco”.

Los acusó de contratar a una “cuadrilla de científicos” para decir que “hay una controversia, como un pretexto para no hacer nada”.

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