Hasta el Gobierno central llegó la polémica por el mega proyecto comercial que se erige entre los tradicionales caseríos de Castro.
El ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, se refirió al impacto visual que genera la construcción del Mall, señalando que la responsabilidad es de quienes la permiten, es decir, las autoridades locales y regionales.
Al respecto, el Intendente de la Región de Los Lagos, Juan Sebastián Montes, indicó que lamentablemente la legalidad permite que se ingresen proyectos que tienen un estándar. Sin embargo, dijo que en este caso, la empresa modificó sobre la marcha el proyecto, solicitando por ello una regulación.
A raíz de esta acusación, la autoridad regional instruyó a la Seremi de Vivienda y la de Transportes a que no acepten ninguna modificación que exceda los planos originales.
Agregó que los metros cuadrados actuales jamás fueron autorizados para ser edificados, pues se presentó un proyecto de 24 mil metros cuadrados y menos de 200 estacionamientos. Por ello, la iniciativa estaba sujeta a una regulación que no requería una evaluación de impacto ambiental.
A juicio de Montes, se hizo un uso torcido de la legalidad, ya que sobre la marcha se cambió el proyecto, por lo que ahora -dijo – se hará cumplir la ley de forma más restrictiva.
Si la empresa no cumple con la ley cuando se presente el proyecto final, no se recepcionarán las obras, por lo que el centro comercial no podrá funcionar, según afirmó el Intendente.
Finalmente agregó que el que tiene atribuciones fundamentales sobre este proyecto, es el municipio castreño a través de su dirección de obras, pues ellos dieron el permiso de edificación, por lo que ellos tienen que revocarlo.
