Defraudado con la Justicia y con el Registro Civil, se mostró un osornino luego de buscar por cerca de ocho años una respuesta ante las irregularidades descubiertas en una transferencia de un vehículo.
Se trata de Jaime Santibáñez Azócar, quien en mayo de 2004 adquirió un bus a un empresario del transporte en Santiago. El vehículo posteriormente, con todos los documentos en regla, fue cedido a un familiar que contaba con el cupo para recorrido dentro del área urbana.
El la dificultad se configuró cuando en diciembre del mismo año Jaime decidió recuperar el microbus: en el Registro Civil ya no figuraban como dueños de la máquina ni él ni su familiar, sino que se la había comprado en un principio. Asimismo, desaparecieron del sistema los antecedentes de ambas transferencias.
Con los antecedentes, el hombre inició las gestiones para conocer qué era lo que había sucedido, sin embargo nadie supo explicar el extraño evento, en un hecho que lo inhabilitó de trabajar con el vehículo, pese a que estaba en su poder.
Esto motivo la presentación de varias acciones judiciales en contra del Registro Civil e Identificación, inclusive ante la Corte Suprema, sin tener ninguna respuesta positiva a sus demandas.
Jaime Santibáñez reiteró que fueron muchas las puertas que golpeó para buscar responsables en esta irregularidad, que además le significó invertir grandes sumas de dinero, no sólo en la adquisición del bien, sino que en cancelar los permisos correspondientes y después a los abogados.
El emprendedor aseveró que la última respuesta se la entregó la Contraloría General de la República, aduciendo que el organismo no interviene en este tipo de litigios, quedando con ello a brazos cruzados, sin que en el Registro Civil se asuma la responsabilidad por lo que consideró una grave irregularidad.
En tanto, el bus en cuestión ya no existe, porque en diciembre de 2011 fue consumido por las llamas tras un incendio registrado en el taller mecánico donde se encontraba por reparaciones.
