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Inician juicio oral contra 3 detectives acusados de robo a ciudadanos bolivianos en Colchane

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Con los alegatos de apertura y la declaración de uno de los imputados, terminó el jueves la primera jornada del juicio oral contra los tres detectives de la Policía de Investigaciones acusados por la Fiscalía de robo con intimidación contra dos ciudadanos extranjeros en la comuna de Colchane.

Ante los magistrados Felipe Ortiz de Zárate, Loreto Jara y Franco Repetto, el fiscal Hardy Torres señaló en su alegato de apertura que la Fiscalía ha sido absolutamente objetiva en su investigación y que, como en todos los casos, sin importar quiénes sean los imputados, de reunir las pruebas suficientes que acreditan el delito y su participación en éste, va a seguir la persecución hasta el final. “Nosotros tenemos la convicción que las víctimas están diciendo la verdad, y por eso hemos llegado hasta este juicio”, indicó el fiscal.

Luego de los alegatos de apertura de los abogados querellantes del Consejo de Defensa del Estado, del Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos y del diputado Hugo Gutiérrez, y de la defensa de los imputados; declaró el imputado Alex Toledo Riveros, quien fue interrogado por todas las partes.

En su testimonio el imputado indicó que nunca tuvieron contacto con las víctimas y que estando en Colchane, realizando unas diligencias por una investigación por tráfico de drogas, vieron pasar un vehículo de similares características al que usaban ellos en dirección a Bolivia.

De acuerdo a la acusación presentada por la Fiscalía, el día de los hechos, los ciudadanos bolivianos se encontraban en un paradero de buses en la ruta A-55, comuna de Colchane, cuando fueron abordados por los detectives Alex Toledo Riveros, Luis Domínguez Pérez y Nicolás Videla Rodríguez, quienes luego de registrarlos y subirlos a un vehículo policial, procedieron a sustraerles US$13.700 bajo violencia y amenaza implícita. Luego los detectives abandonaron a las víctimas en medio del desierto.

A juicio de la Fiscalía, estos hechos constituyen el delito de robo con violencia e intimidación y, considerando que concurren las circunstancias agravantes de pluralidad de malhechores y el prevalerse de su condición de funcionarios policiales, está solicitando se condene a los acusados a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio.

El juicio está planificado dure unos 15 días.

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