El conflicto de Aysén puso frente a frente al Ministerio Público y al Gobierno. Y es que el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, señaló que sólo se estaba ante un problema de orden público y que la institución que dirige sólo tiene atribuciones para delitos cometidos o denuncias, asegurando que eso no ha ocurrido.

Mientras, el Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, cuestionó ese planteamiento y señaló que le costaba creer que si se bloqueba una calle, impidiendo la circulación de vehículos y poniendo la vida de terceros en peligro, se considere una protesta pacífica. Esto último en clara alusión a las protestas y cortes de caminos en Aysén.

Además, Ribera indicó que la facultad de invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado ante la situación en la Undécima Región sólo la tiene el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.