El Gobierno argentino tomó el control este martes en forma temporal de la firma ferroviaria TBA, uno de cuyos trenes se estrelló hace una semana contra el paragolpe de una terminal con un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios.
“Se dispuso la intervención por orden de la presidenta (Cristina Fernández). Está en juego el interés público y las condiciones de seguridad de los usuarios”, dijo en rueda de prensa el ministro de Planificación, Julio De Vido.
El tercer mayor accidente ferroviario de la historia argentina se registró el miércoles pasado en la estación terminal Once de la línea Sarmiento, que une la periferia oeste con el centro de Buenos Aires, cuando un convoy con casi 2.000 pasajeros se estrelló contra el paragolpe del andén.
La causa judicial está en marcha sin que nadie haya sido acusado aún por los hechos, aunque Kirchner había reclamado este lunes a la Justicia que actúe con rapidez.
La intervención administrativa y técnica del Gobierno tiene carácter “cautelar provisoria, por el plazo de 15 días o hasta tanto se sustancie el proceso penal (duración de los peritajes judiciales)”, según la resolución leída en la conferencia.
La Auditoría General de la Nación (AGN, inspección), controlada por la oposición, ha reclamado poner fin a la concesión de la firma TBA, de capitales argentinos, al igual que lo hicieron dirigentes políticos y sociales, incluso de la órbita progubernamental.
“Quizás vamos a tener algunos trenes menos, quizás vamos a tener horarios distintos a los diagramas habituales y esto no debería provocar situaciones de zozobra”, precisó el secretario de Transportes, Juan Pablo Schiavi.
Schiavi fue uno de los funcionarios más cuestionados desde que ocurrió el accidente, pero tuvo el respaldo de Kirchner.
La intervención alcanzó además a la línea Mitre, que une la capital con la periferia norte y que también es operada por Trenes de Buenos Aires (TBA), propiedad del grupo local Cirigliano.
La Justicia investiga al maquinista del tren, sobreviviente de la catástrofe, aunque la fiscalía también pidió averiguar la responsabilidad de la compañía por presuntos desvíos de subsidios estatales y desinversión.
La AGN, en manos de la Unión Cívica Radical (UCR, socialdemócrata, segunda fuerza parlamentaria), pidió al Gobierno que ponga fin a la concesión tras denunciar en un informe “las deficiencias del ferrocarril Sarmiento, donde la situación es desastrosa desde 2008 y pésimo el sistema de frenos” de los trenes.
El ramal Sarmiento transporta a diario un promedio de 250.000 pasajeros, en tanto que en el Mitre viajan cada día alrededor de 200.000, para servir a un conglomerado urbano y suburbano de casi 14 millones de habitantes, según estadísticas del ministerio de Economía.
El grupo Cirigliano recibió la concesión de los ramales ferroviarios Mitre y Sarmiento en 1995, durante el gobierno del presidente Carlos Menem (1989-1999), quien privatizó las empresas de petróleo, gas, electricidad y 10.000 kilómetros de las redes de ferrocarriles.
El accidente de la estación Once fue el tercero más grave de la historia ferroviaria argentina después del ocurrido en la localidad de Benavídez (periferia norte de Buenos Aires), con 236 muertos en 1970, y del registrado en la provincia de Santa Fe (centro-este), con 55 fallecidos en 1978.
