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El juez Garzón solicita al Tribunal Supremo la nulidad de su condena

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El juez español Baltasar Garzón solicitó este miércoles al Tribunal Supremo que anule su decisión “arbitraria” de inhabilitarle de sus funciones durante 11 años por ordenar unas escuchas como pruebas en un caso de corrupción.

Garzón argumenta en la solicitud que el Tribunal Supremo “ha violado de forma muy grave varios de los derechos fundamentales que tiene como todo ciudadano según la Constitución, y su derecho a la independencia judicial”, recoge un comunicado del despacho de sus abogados, Amparo Legal.

El juez, mundialmente conocido, “también sostiene firmemente en su demanda que la sentencia es arbitraria, irrazonable y manifiestamente injusta”, dice el comunicado, añadiendo que Garzón considera que la sentencia es “gravísimamente errónea”.

El comunicado explica que los tribunales españoles desestiman la “inmensa mayoría” de estas demandas de nulidad.

Si, como se prevé, el Tribunal Supremo desestima la demanda de Garzón, éste presentará “inmediatamente” una demanda de amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Supremo condenó a Baltasar Garzón el pasado 9 de febrero por abuso de poder y le inhabilitó de sus funciones durante 11 años por haber ordenado la grabación ilegal de conversaciones entre los sospechosos y sus abogados de la trama de corrupción conocida como “caso Gürtel”, que implicó a altos cargos regionales del conservador Partido Popular, ahora en el Gobierno.

La condena puso así fin a la carrera de un juez que consiguió renombre internacional al ordenar la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998, y por su lucha contra la organización separatista armada ETA y contra la red islamista Al Qaida.

Garzón está a la espera de la sentencia de un segundo juicio, de mayor repercusión, por intentar investigar las desapariciones durante la Guerra Civil española (1936-1939) y el franquismo (1939-1975), en el que se le acusa de ignorar una ley de Amnistía de 1977.

Sus partidarios mantienen que ambos juicios, así como un tercer caso de presunta corrupción que el Tribunal Supremo archivó la semana pasada, son una estrategia política de sus enemigos.

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