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La responsabilidad de Michelle Bachelet en el caso Tsunami

Archivo | Alejandro Vásquez Núñez en Flickr
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Durante las últimas semanas nuevamente ha estado en la palestra la ex presidenta Michelle Bachelet, a propósito del denominado Caso Tsunami que lleva adelante la fiscal Solange Huerta para determinar las responsabilidades penales por lo ocurrido durante la fatídica madrugada del 27 de febrero del 2010.

Lo anterior, a raíz de nuevos antecedentes que han surgido como las grabaciones en video de lo que sucedió en las oficinas de la Onemi esa noche, como así también el testimonio del alcalde de Juan Fernández, Leopoldo González, respecto a una conversación que habría tenido con la entonces mandataria para alertarla acerca del tsunami que afectó las costas chilenas tras arrasar el poblado insular.

Una vez puesto el tema en el tapete, se alzaron voces desde el oficialismo aprovechando la cobertura para criticar a la principal carta opositora con miras a las presidenciales de 2013, mientras que la oposición cerró filas en torno a Bachelet, calificando a la derecha de “histérica”.

Dichos más o dichos menos, lo realmente importante es concluir por dónde pasan las responsabilidades tras el vergonzoso episodio ocurrido en la Onemi la madrugada del 27/F, en donde murieron 156 personas, mientras que otras 25 permanecen desaparecidas. Muchas de las cuales perdieron la vida tras obedecer las instrucciones de la autoridad.

Las responsabilidades penales seguramente caerán sobre lo mandos técnicos de la Onemi y SHOA, incluyendo a Carmen Fernández y al ex subsecretario del Interior Patricio Rosende.

Por otro lado, es muy difícil que otras autoridades políticas, como la ex presidenta Bachelet o el ex intendente del Bío-Bío Jaime Tohá, se enfrenten a formalizaciones debido a que de acuerdo al Plan Nacional de Protección Civil, normado por el Decreto Supremo Nº 256 de 2002, determina que éstos sólo actúan como voceros del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), quedando libres de alguna responsabilidad ante la Ley.

Sin embargo hay otra responsabilidad que aún no se ha asumido por el Gobierno de la época, y que a mi juicio es tanto o más importante que la anterior…hay una responsabilidad política ante la ciudadanía por mantener gente no capacitada en los organismos de emergencia.

El cuoteo político es algo presente en toda la esfera gubernamental de manera trasversal y sin distingo del color politico. El negarlo es una insensatez. Pero que este fenómeno se traduzca en tener gente no apta en puestos de los cuales dependen vidas, es una negligencia que me parece inexcusable.

La fiscal Huerta ya anticipó que buscará investigar responsabilidades “del tipo penal, es decir, saber qué personas tenían responsabilidad técnica en la toma de decisiones, técnica”.

De esta forma, las formalizaciones en el mejor de los casos alcanzará a los mandos medios, es decir a Carmen Fernández y a Patricio Rosende, los que a mi juicio difícilmente arriesgan penas de cárcel. En tanto los ministros como Vidal, o la propia Bachelet, pasarán indemnes.

La ecuación es tan simple como comparar el caso MOP-GATE y las acusaciones contra Ricardo Lagos. Las presiones al interior del Poder Judicial no sólo evitaría que una eventual formalización llegara a una condena, sino que además dejaría a la ex jefa de Estado mejor posicionada frente a una elección presidencial, quedando como víctima de una derecha despiadada que sólo buscaba un aprovechamiento político.

Aunque si se mira cuidadosamente, puede que el abogado Raúl Meza tenga algo de razón cuando afirma que la entonces mandataria si incurrió en denegación de auxilio. En ese sentido el jurista estima que “es absolutamente aplicable en ese caso, por cuanto hubo un requerimiento de información de la ciudadanía a las autoridades pertinentes y éstas no colaboraron o no la entregaron adecuadamente, por lo tanto correspondería eventualmente una formalización de ese punto de vista, y lo relevante es que establece la inhabilitación especial perpetua del cargo o función que estaban ejerciendo ese día al momento de la toma de decisiones”.

Pese a que el tema permanezca en el tapete y sea aprovechado hasta el cansancio por el oficialismo como caballo de batalla, veo difícil que Bachelet baje significativamente en las encuestas por dos razones que he señalado en columnas anteriores: su silencio ante el tema y la lejanía de nuestro país, factores que le otorgan el blindaje necesario para aguantar las embestidas hasta las próximas elecciones presidenciales.

La crítica no es gratuita, alguien debe responder a los familiares de quienes perdieron la vida por qué esa noche las instituciones fallaron, por qué se desestimó la información entregada por el jefe de la Onemi Bío-Bío Jorge Henríquez, quien fue el primer funcionario del organismo en advertir (con garabato incluido) que la magnitud del terremoto era entre IX a X grados de Mercalli.

Alguien debe explicar por qué sólo 2 de 70 estaciones de la red naval y martítima Genmercalli respondieron ante la alerta de posible tsunami enviada por el SHOA, junto con las razones que tuvo la Onemi para desestimar dicha alerta en el conocido episodio del fax enviado por la repartición de la Armada que tenía un oceanógrafo que no sabía inglés.

Chile necesita que alguien asuma la responsabilidad por la cancelación de la alerta de tsunami y “el problema menos” según dijo Carmen Fernández, pese a la advertencia de la oceanógrafa jefa de sección tsunamis del SHOA, Cecilia Zelaya, y que derivó en lo que posteriormente informó el jefe de la Segunda Zona Naval, contraalmirante Roberto Macchiavello, al intendente Jaime Tohá, quien aseguró a Radio Bío-Bío a las 5:20 de la mañana que no había alerta de tsunami, siendo que a las 6 y 6:40 horas, dos nuevas olas terminaron de arrasar el popular balneario de Dichato.

Alguien tiene que explicar al país lo que muchos parientes de las víctimas se preguntan…¿por qué?

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