La nueva ley de Dicom será publicada mañana viernes en el Diario Oficial, luego que la Contraloría diera el visto bueno al texto y lo despachara este jueves para su publicación, para así terminar con los abusos de la información del boletín comercial; el donde se suma, por única vez, un “perdonazo” en los antecedentes de clientes que tienen deudas de hasta dos millones y medio de pesos.

Y es que tras semanas desde su aprobación en el Congreso, el ente contralor hizo toma de razón del texto y esta tarde lo envió al Diario Oficial para su plublicación mañana viernes.

Se trata de modificaciones que se hacen al sistema de información comercial y restricciones para que las empresas NO puedan mal utilizar los datos de quienes están atrasados en los pagos de sus deudas.

Ante ello, el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, confirmó que el gobierno promulgó en secreto la ley como medida para adelantarse a los plazos.

La iniciativa nació de un grupo de diputados liderados por el PPD, Felipe Harboe, quienes bautizaron las modificaciones a la norma como “No más Dicom”.

Una de las novedades de esta ley es el llamado “perdonazo” que, por única vez, permitirá a casi dos millones de personas salir de Dicom, siempre y cuando la deuda atrasada no supere los dos millones 500 mil pesos.

A esto se suma la prohibición para exigir esta información a la hora de postular a un trabajo, para atención médica, y menos para condicionar una matricula escolar, entre otras restricciones que explica Harboe.

Cambios urgentes que se suman a la administración de estos datos comerciales que hacen las empresas encargadas, como es el caso de Equifax y que, según una denuncia de comienzos de febrero del diputado Harboe, vendió estos datos antes de que la ley entrara en vigencia.

En esa línea el presidente de la agrupación de consumidores, Conadecus, Hernán Calderón, llamó a la autoridad a investigar el tipo de información que se vendió.

Finalmente, recordemos que la empresa Equifax, mediante un comunicado, señaló que la práctica de venta de bases de datos está regulada por ley.