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Gobierno de México reitera rechazo de legalización de drogas

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El gobierno de México reiteró este martes su rechazo a la legalización de las drogas, luego de que el presidente guatemalteco, Otto Pérez, planteó que esa alternativa reduciría la violencia en la región.

“El problema del crimen organizado va mucho más allá de solamente la legalizacion de un producto, es como se ha manifestado aquí, un tema que incluso va más allá solamente de la atención al narcotráfico”, dijo Poiré al reiterar su rechazo a la legalización de las drogas en un foro sobre el tema convocado por organizaciones civiles.

Poiré recordó que en México “no es un delito consumir drogas” pero que “el crimen organizado tiene muchas caras, no sólo la de las drogas”, en declaraciones el primer día de tres que durará el seminario “Drogas, un balance a un siglo de su prohibición”.

En la actividad participan los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), y César Gaviria (Colombia), quienes el año pasado presentaron un duro informe a Naciones Unidas que denunció el “fracaso” de la lucha mundial antidrogas y pidió cambios “urgentes”, entre ellos “despenalizar” el consumo del cannabis (marihuana).

La propuesta ha sido rechazada rotundamente por el gobierno de Estados Unidos.

Poiré defendió la política de combate a las drogas en México para la cual se han desplegado más de 50.000 militares, una estrategia criticada por activistas que denuncian violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas castrenses y afirman, sólo se ha aumentado la violencia en el país.

El funcionario aseguró que además del componente militar, la estrategia gubernamental se ha enfocado en la prevención del consumo de drogas y como ejemplo mencionó el programa Oportunidades, que da dinero a las familias pobres por cada hijo que vaya a la escuela.

Dijo que ese programa se ha focalizado en “esas zonas urbanas donde el fenómeno de las drogas es potencialmente más dañino, las zonas urbanas marginadas”.

Más de 50.000 personas han muerto en México desde hace cinco años cuando el gobierno ordenó el despliegue militar contra los carteles.

Esa cifra de muertos incluye a víctimas de pugnas entre delincuentes y en las operaciones para perseguirlos, pero también a civiles ajenos al crimen organizado.

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