Fueron 9 los efectivos de Carabineros que fueron llamados a retiro por el ex general director de la institución, Eduardo Gordon, tras la muerte del joven en incidentes registrados durante las protestas de agosto pasado.

La investigación realizada por el Ministerio Público determinó que el ex sargento Miguel Millacura disparó la mortal bala y responsabilizó además a otros 9 uniformados por “faltar a la verdad” según dijo el mismo Gordon, al intentar encubrir los hechos.

De los nueve, sin embargo, tres continúan trabajando en la institución, siendo sólo trasladados a otras unidades policiales, pese a que el ex general director anunció con severidad el llamado a retiro de todos los involucrados. “Aquí nos han traicionado con la verdad, por eso lo repudiamos”, dijo Gordon en aquella oportunidad.

Según publicó el portal Terra, la subteniente Claudia Iglesias Luza fue llevada desde la 43ª Comisaría de Peñalolén, correspondiente a la Prefectura Cordillera, a la 6ª Comisaría de Recoleta, de la Prefectura Santiago Norte.

Respecto al superior de Millacura, mayor Roberto Contreras Silva, trabaja ahora en la Central de Comunicaciones de la Jefatura de Zona Metropolitana.

En tanto, el capitán Carlos Castillo Ahumada, figura en calidad de estudiante en la Academia de Ciencias Policiales, cuyo traslado consta en su hoja de vida con fecha 2 de enero del 2012. No cualquiera llega a esta Academia, donde puede llegar incluso al cargo de General.

Estos traslados constan en el boletín oficial de Carabineros, firmado por el actual general director Gustavo González Jure. Según el reglamento de disciplina institucional, sólo el general director tiene la facultad para modificar las sanciones que pesen contra sus efectivos.

ACTUALIZACIÓN:

Por medio de un comunicado, la institución confirmó que los efectivos continúan trabajando, puesto que una vez iniciado el sumario interno, “se dispuso de manera provisoria el retiro temporal de los oficiales”, reconociendo que siguen en servicio activo.

Admite además la institución, que la investigación ha determinado distintos grados de responsabilidad de estos tres uniformados. Sin embargo, los cargos contra Carlos Castillo y Roberto Contreras “no consideran medidas expulsivas”, de quienes “se habrían detectado problemas de control en su gestión de mando”.

Distinto es el caso de la subteniente Claudia Iglesias, “a quien la investigación sumaria ha propuesto la ‘separación del servicio’ que sólo en su caso confirma la resolución inicial”. Pero esta medida sólo se aplicaría de confirmarse los cargos al finalizar el proceso y una vez que finalice su fuero maternal.

Iglesias fue testigo presencial de los hechos, pues estaba a cargo de la unidad del funcionario sindicado como autor del mortal disparo. Se le acusó de no informar oportunamente a sus superiores de lo ocurrido.