La polémica ante la vigilancia de las redes sociales por parte del Gobierno volvió al tapete público, luego que la Contraloría General de la República dictaminara que este monitoreo efectivamente se ajusta al marco legal, siendo incluso permitido el recabo de información por la Secretaría de Comunicación y Cultura del gobierno.
El documento señala expresamente que uno de los objetivos de la entidad gubernamental es “implementar y operar un sistema de base de datos que permita, mediante el tratamiento de las opiniones expresadas a través de las redes sociales, visualizar cuales son las tendencias de la ciudadanía en relación a temas que se estimen relevantes para el gobierno del país”.
La situación fue lamentada por el presidente regional de los concejales en la Región de Los Lagos, Emeterio Carrillo, quien sostuvo que la determinación de la Contraloría le parece extraña y delicada, ya que dicho espionaje vulnera la libertad de expresión de los chilenos y demuestra de paso, la actitud del gobierno de querer controlar a la ciudadanía.
El informe contralor establece que el servicio de monitoreo “no procesa ni entrega información que tienda a identificar determinadas personas o direcciones de internet”, entregando sólo “datos inherentes a las tendencias que existen respecto de asuntos de interés”.
Finalmente, el documento de la Contraloría señala que no se avista en el procedimiento del Gobierno de qué forma podría infringirse la ley sobre protección de la vida privada, “pues el tratamiento de datos se efectúa dentro del ámbito de competencia del órgano respectivo, sobre la base de opiniones emitidas públicamente, y que luego de su procesamiento no son asociables con las personas específicas cuyas opiniones se consideraron”.
