Una huelga de la Policía Militar en el estado brasileño de Bahía, declarada ilegal por la justicia, desató una ola de inseguridad y asesinatos, y forzó el envío de tropas federales a la zona que se alista para carnaval, informaron autoridades este sábado.

La protesta salarial de los uniformados, que comenzó el miércoles, disparó el número de asaltos y propició saqueos, sumiendo en el caos a ese estado del noreste brasileño.

Sólo en la capital, Salvador, se han registrado al menos 50 homicidios en los cuatro días de huelga, un 117% más que en el mismo período del año pasado, según cifras divulgadas por la Agencia Brasil (estatal).

El gobernador de Bahía, Jaques Wagner, denunció que parte de los delitos pudieron ser cometidos por “orden de los criminales que se autodenominan líderes del movimiento”.

“Es una tentativa de guerra sicológica, (…) de crear un clima de desesperación para que las autoridades cedan” ante el movimiento de protesta, agregó en conferencia de prensa.

El gobierno de Dilma Rousseff dispuso, a pedido del gobernador, el envío de más de 2.500 efectivos del Ejército, la Marina y de la Fuerza Nacional de Seguridad para asumir el control de la situación.

Este sábado las tropas patrullaban Salvador, que se prepara para recibir a millones de turistas para el carnaval, mientras los comercios reabrían sus puertas tras verse forzados a paralizar sus actividades el viernes.

La inseguridad de los últimos días produjo la cancelación del 10% de las reservas aéreas y de hotel, dijo al portal O Globo Pedro Galvao, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Bahía.

La justicia de Bahía declaró ilegal la huelga de los policías militares, que reclaman un alza salarial del 50% y mejores condiciones laborales. Un soldado recibe en promedio unos 1.500 reales (unos 867 dólares) al mes.

A pesar de la decisión judicial, los efectivos seguían sin retomar sus actividades.

“No podemos convivir con un movimiento declarado ilegal por la justicia bahiana”, sostuvo Wagner, y advirtió que ya fueron emitidas 12 órdenes de prisión contra los huelguistas.

El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, visitó la zona junto a los mandos militares y anunció duros castigos para los uniformados implicados en delitos.

“Todos los crímenes cometidos en este período son calificados como crímenes federales, y serán tratados como tales. Seremos muy firmes en el cumplimiento de nuestro deber”, sostuvo Cardozo a la prensa.