El presidente de Guatemala, Otto Pérez, denunció este jueves ante el secretario general adjunto de la OEA, Albert Ramdin, la reciente muerte de un campesino guatemalteco, de la que su gobierno responsabiliza a miembros de las fuerzas armadas de Belice.

“La OEA nos ayudará en el tema Belice en verificación del último hecho que se dio donde un guatemalteco lamentablemente fue asesinado por soldados beliceños” en la zona fronteriza en disputa entre ambos países, comentó Pérez en rueda de prensa, tras una reunión con Ramdin.

El funcionario de la Organización de Estados Americanos “se comprometió también a hacer las gestiones para que puedan mandar una delegación de la OEA a hacer la verificación” en el lugar del incidente, agregó el presidente guatemalteco.

Según la cancillería de Guatemala, el pasado sábado “un grupo de campesinos guatemaltecos fueron atacados por supuestos miembros de las fuerzas de defensa de Belice”, que habrían matado a Juan Choc Chub, de 29 años, y herido gravemente a su hermano.

El incidente se registró en los alrededores de la aldea Monte de los Olivos, municipio de Dolores, departamento del Peten, unos 600 km al norte de la capital, en la zona en litigio.

Pérez anunció que este jueves el canciller Harold Caballeros viajó a “Belice para pedirle al gobierno una exhaustiva investigación sobre los hechos en zona de adyacencia”, como denominan a la región no delimitada entre los dos países.

El gobernante agregó que el canciller pedirá a las autoridades beliceñas que identifiquen a los responsables de la muerte del campesino y “que tomen las medidas necesarias para evitar que esos incidentes se sigan dando en la zona de adyacencia”.

El mandatario comentó que Guatemala retiró los destacamentos militares cercanos a la zona de adyacencia, “sin embargo Belice no lo ha hecho y son los que han provocado esos incidentes”.

Guatemala reclama unos 12.700 km2 de territorio que actualmente ocupa Belice, más de la mitad de la superficie de la ex colonia británica, un centenar de islotes e islas.

Ambos países acordaron llevar el diferendo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en diciembre de 2008.