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Anapesca afirma que colapso de recursos continuará si no se modifica institucionalidad pesquera

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La Asociación de Armadores de Buques Pesqueros y Empresas de Procesadoras de Productos del Mar (Anapesca) afirmó que los responsables de la sobreexplotación y colapso de los recursos son quienes toman las decisiones, es decir, la subsecretaría de Pesca y el Consejo Nacional de Pesca (CNP).

La organización enfatizó en que el CNP está integrado en un 60% por personas que representan intereses de los propios usuarios. Es decir, todo se aprueba siempre y cuando beneficie a quienes pescan en el corto plazo, lo que, según afirmaron, “ha ido en contra de la sustentabilidad de los recursos”.

Es así como Anapesca, luego de estudiar el nuevo proyecto de Ley de Pesca (Boletín 8.091) presentado al Congreso por el Gobierno, propuso la creación de un  Instituto Pesquero de Chile, entidad autónoma e independiente encargada de establecer los niveles de explotación sustentable de los recursos, los cuales no deben ser sobrepasados por las cuotas globales, así como los planes de manejo, que deben ser obligatorios.

Santiago Gacitúa, Gerente de Anapesca, fue enfático al afirmar que “esta es la única vía para realmente tener cuotas de pesca que apunten a la sustentabilidad de los recursos.  Con el  Panel de Expertos (PE) que propone el proyecto de ley -como una suerte de reemplazo al CNP- todo sigue bajo la tutela de la Subsecretaría de pesca, sin atacar la principal causa de la sobreexplotación de los recursos”. 

Con esta propuesta, Anapesca quiere evitar que el Instituto reproduzca la estructura de intereses que se presenta en el Consejo Nacional de Pesca o que se canalizan por la vía de la permeabilidad a intereses políticos y particulares de la Subsecretaría de Pesca. 

Respecto del financiamiento, se propuso la autonomía del instituto, el que no puede depender financieramente de la Subsecretaría de Pesca o de otros organismos públicos, debido a que ello implicaría someterlo a objetivos políticos que pueden sobrepasar su responsabilidad.  Su financiamiento debe provenir del presupuesto de la Nación.

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