Este jueves 26 de enero, el Tribunal de Garantía de Quintero resolverá definitivamente el caso sobre la solicitud de exhumación de los cuerpos de 28 ex funcionarios de Enami-Codelco, presentada por el abogado de las familias, Raúl Meza.

En esta misma audiencia se debatirá sobre una solicitud de sobresimiento definitivo presentada por el fiscal Mauricio Dunner, respecto de 22 de los 28 casos que investiga la Fiscalía Local de Quintero, por estimar que las muertes de dichos ex funcionarios no serían producto de la contaminación.

Esta audiencia judicial es el segundo intento del fiscal Dunner por impedir la diligencia de exhumación de los cuerpos de los ex funcionarios mineros fallecidos por exposición a metales pesados durante su vida laboral en la minera estatal, después del revés que tuvo el Ministerio Publico, el 2 de enero, cuando la 5ta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocara por unanimidad la resolución judicial dictada por el Tribunal de Garantía de Quintero, según fue consignado a través de un comunicado de la parte querellante.

Además, la resolución del Tribunal de Alzada ordenó al Tribunal de Garantía que debe seguir conociendo de los cuasidelitos de homicidios y lesiones graves-gravísimas en contra de los ex funcionarios Enami-Codelco, a causa de la exposición por mas 30 años a la contaminación de metales durante su vida laboral al servicio de la empresa minera estatal.

El Fiscal Dunner cerró parcialmente la investigación y solicitó el sobreseimiento definitivo de éstos, sin antes haber exhumado los cuerpos para que fueran sometidos a las pericias toxicológicas por parte de los peritos forenses del Servicio Medico Legal.

Ante esta petición, el abogado querellante, Raúl Meza, manifestará al Tribunal de Garantía su oposición al sobreseimiento definitivo por estimar que la investigación que ha llevado a cabo el Ministerio Publico a vulnerado la garantía constitucional de que toda victima tiene derecho a una racional y justa investigación, la cual no se cumple, sin antes exhumar los cuerpos de las víctimas para que se determine la causa médico legal de su muerte.

De concederse la diligencia, esta sería la mayor exhumación de cuerpos que se decretaría desde la entrada en vigencia de la reforma procesal penal el año 2000 y la segunda mas importante, después de las causas de derechos humanos tramitadas en el sistema penal antiguo.