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EEUU: Miles de indocumentados quedan en limbo legal tras revisión de su caso

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Miles de inmigrantes indocumentados pendientes de deportación han quedado en un limbo legal en las ciudades estadounidenses de Denver y Baltimore, tras un novedoso y arriesgado programa de revisión de sus casos.

El presidente Barack Obama recordó el martes en su discurso sobre el estado de la Unión que no se quedaría de brazos cruzados ante la parálisis legislativa en el Congreso, y la política migratoria ha sido uno de los campos en los que ha tomado la iniciativa.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés) anunció en agosto pasado que iba a revisar 300.000 casos pendientes de deportación y que iba a utilizar “poderes discrecionales” para decidir, cuando así lo estimara, el cierre administrativo de esos casos.

Denver y Baltimore fueron las dos ciudades escogidas por el departamento para llevar a cabo sendos programas piloto, que se cerraron hace diez días.

“En Denver revisamos 7.923 casos, de esos casos 16% fueron identificados como individuos a los que se les puede ofrecer la discreción” y cerrar sus casos, explicó a la AFP una fuente del DHS bajo anonimato.

“En Baltimore, 3.759 casos fueron revisados, de ellos, 10% fueron elegidos también para esa discreción”, añadió la fuente.

En total, poco más de 1.500 indocumentados no correrán en principio el riesgo de ser deportados, pero tampoco tendrán acceso a ningún alivio legal a su situación. No pueden trabajar, aunque pueden pedir un permiso.

Pero esa cifra aún puede variar, reconocen las fuentes consultadas, a causa de la incertidumbre que rodea su situación legal.

“Cuando esas solicitudes llegan ante las cortes de inmigración, los jueces toman decisiones basados en los méritos de la moción. Ellos no están involucrados en las revisiones”, informó en declaraciones telefónicas a la AFP una consejera de Asuntos Legales del Departamento de Justicia, Lauren Alder.

La fuente bajo anonimato del DHS recalcó que no es posible extrapolar esos resultados experimentales al conjunto de los 300.000 casos pendientes de deportación a nivel nacional, puesto que son únicamente dos ciudades, y mucho menos a los 11 millones de indocumentados.

Subsiste además la incógnita de qué sucederá tras estos programas piloto, que implicaron la dedicación plena de inspectores del ICE durante semanas, en un momento de crisis presupuestaria.

En el DHS el discurso oficial es que es preferible aplicar los recursos a la localización y deportación de extranjeros ilegales con antecedentes.

Al mismo tiempo, el sindicato que representa a agentes de base del ICE ha mostrado resistencia a los programas internos de entrenamiento para reorientar sus operativos.

Las negociaciones con ese sindicato continúan, explicó la fuente del DHS consultada por la AFP.

“La discreción la hacemos diariamente, cuando tenemos un operativo y vamos a una casa”, explicó la fuente.

Las redadas cuentan con supervisores, entrenados para usar poderes discrecionales y evitar detenciones innecesarias, explicó esa fuente.

El gobierno federal, que además mantiene un pulso con varios estados que han promulgado duras leyes de represión de la inmigración ilegal, ha promulgado medidas para acelerar la legalización de indocumentados con vínculos familiares en el país.

“Son cambios que están afectando a todas y cada una de las partes” del complejo sistema migratorio, explicó este miércoles en conferencia de prensa telefónica Cecilia Muñoz, la nueva directora de Política Interior en la Casa Blanca.

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