El ex presidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010) acusó este lunes a su sucesor y delfín político, Juan Manuel Santos, de presionar a la justicia en un caso penal que lleva la Fiscalía General contra su ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo.

Al rechazar la decisión de la Presidencia de constituirse como víctima en el proceso judicial por el presunto montaje de una desmovilización guerrillera ocurrida en 2006 bajo la gestión de Restrepo, Uribe lanzó una andanada de acusaciones contra Santos en una declaración divulgada a través de Internet.

“Hay apresuramiento, prejuzgamento, presión a la justicia, falta de análisis de hechos conocidos por la Presidencia y olvido de la condición de Jefe de Estado, que la Constitución asigna al titular de esta institución”, dijo Uribe de su declaración de este lunes.

Uribe recordó que cuando ocurrió el supuesto montaje de desmovilización el actual presidente Santos era ministro de Defensa.

“Esta circunstancia fue conocida por el Ministerio de Defensa, durante tres años dirigido por el actual Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos”, puntualizó el comunicado.

Santos, quien ocupó esa cartera entre julio de 2006 y mayo de 2009, asumió la Presidencia de la República el 7 de agosto de 2010 luego de haber ganado la elección catapultado por Uribe y prometiendo continuar varias de sus políticas, especialmente la de la lucha contra las guerrillas izquierdistas.

En su declaración, Uribe defendió la gestión de Restrepo, comisionado de paz entre 2002 y 2009, y aseguró que actuó “lealmente”, aunque reconoció que hubo una “defraudación criminal” en esa desmovilización de presuntos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas).

La fiscal general Viviane Morales anunció el pasado 19 de diciembre que imputará a Restrepo los cargos de peculado, concierto para delinquir y fraude procesal, y ordenará su detención por ese caso.

En el proceso por el supuesto montaje en la entrega de armas y sometimiento a la justicia de 62 supuestos combatientes del bloque Cacica Gaitana de las FARC, la Fiscalía también vinculó a dos coroneles del Ejército y a ocho guerrilleros.

Según los testimonios, los supuestos guerrilleros desmovilizados habrían sido en realidad personas humildes a las que se les habría pagado para acudir al acto de entrega de armas.

La supuesta desmovilización se dio en paralelo con un proceso de paz que realizó el gobierno de Uribe entre 2002 y 2006 con unos 32.000 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha), proceso liderado por Restrepo.