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Más de la mitad de los reos en Venezuela está en prisión preventiva

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Un 60% de la población en los penales venezolanos, afectados por el hacinamiento y la violencia, está en prisión preventiva debido a retrasos en sus procesos judiciales, informó el viernes la ministra del sector, Iris Varela.

“Lamentablemente la deuda que se tiene con los retardos procesales estriba en un 60% y más o menos hay un 40% de personas ya penadas”, dijo la ministra de Asuntos Penitenciarios en una entrevista retransmitida por el canal estatal VTV.

Según datos oficiales, en los 34 reclusorios del país se albergan unos 50.000 presos -pese a que la capacidad total es de sólo 14.000-, lo que implicaría que unos 30.000 están en prisión preventiva.

Varela explicó que las normas venezolanas establecen dos años para ejecutar un juicio desde que se inicia “hasta su sentencia absolutoria o condenatoria” y pasado este plazo el imputado puede acogerse a beneficios como quedar en libertad condicional.

Para resolver esta crítica situación en las cárceles, que también son escenario de choques armados entre presos, el gobierno venezolano lanzó la semana pasada un despliegue por ocho días de fiscales, jueces y abogados por las prisiones para atender los casos que se han tardado en procesar.

Varela indicó que este tipo de operativos se extenderá a todos los penales porque el reto es “normalizar la situación, que no haya retardo procesal”.

“Vamos a hacer operativos permanentes, vamos a estar abordando los centros penitenciarios para normalizar la situación jurídica de todos los procesados y penados para luego empezar el funcionamiento normal de los procesos”, sostuvo la ministra.

Como consecuencia de la tensa situación en los penales, en las primeras dos semanas de enero hubo cinco muertos en enfrentamientos entre reos y ocho policías estuvieron secuestrados dentro de una penitenciaría.

Asimismo, casi un millar de familiares de presos se negaron por varios días a abandonar una prisión cercana a Caracas en rechazo a las condiciones en las que viven sus parientes, protesta que luego derivó en una huelga de hambre solidaria en otras seis cárceles.

Desde mediados de 2011, el gobierno puso en marcha un plan para mejorar la difícil situación en las cárceles, donde según organizaciones humanitarias mueren unos 300 reos al año como consecuencia de la violencia.

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