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España: policías confirman versión de Baltasar Garzón en juicio por escuchas

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El juez español Baltasar Garzón, que está siendo juzgado por haber ordenado presuntas escuchas ilegales en prisión, siempre dio órdenes de “preservar el derecho a la defensa” de los sospechosos, afirmaron policías que testificaron este miércoles en el segundo día de proceso.

El juez, mundialmente conocido por la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, está acusado de vulnerar el derecho fundamental a la defensa por grabar conversaciones entre abogados defensores y sus clientes.

Se trataba de los presuntos cabecillas de una red corrupta, conocida como “trama Gürtel”, que en 2009 implicó a altos cargos del Partido Popular (PP, derecha). El juez sospechaba que los abogados participaban en el blanqueo de capitales mientras sus clientes estaban en prisión preventiva.

“El juez nos dijo que el derecho de defensa debía prevalecer sobre cualquier otra cosa”, testificó ante el Tribunal Supremo español el comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, José Luis Olivera.

También el policía que efectuó los pinchazos aseguró que el juez pidió preservar el derecho de defensa.

“Era la cláusula por la que nos teníamos que guiar en las intervenciones”, afirmó el agente, identificado como Manuel M.T. y cuyo rostro no se mostró.

Uno de los intervenidos, el abogado Ignacio Peláez, aseguró que las conversaciones no tenían como finalidad “blanquear dinero” y denunció una violación de su “derecho a la intimidad”.

Este proceso, que debe terminar el jueves, es el primero que se celebra contra Garzón. De ser declarado culpable, el juez de 56 años podría ser condenado a un máximo de 17 años de inhabilitación.

A partir del martes será juzgado también por su intento de investigar sobre los más de 100.000 desaparecidos de la Guerra Civil española (1936-39) y de la dictadura franquista (1939-75).

La coincidencia de estos dos casos, y la investigación de un tercero -relativo a la desestimación de una querella por delito fiscal contra el banco Santander tras la financiación de unos cursos que el juez impartió en 2005 y 2006 en Nueva York- llevaron a sus partidarios a denunciar una maniobra política contra el magistrado.

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