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Organización de DDHH acusa “encubrimiento” ante posible vínculo entre CMPC y ejecuciones en 1973

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Luego que CIPER Chile revelara confesiones inéditas que involucran a la empresa CMPC con el fusilamiento de 19 detenidos en septiembre de 1973 en Laja, organismos de derechos humanos acusaron encubrimientos en este tipo de delitos.

A 38 años de la masacre, el Centro de Investigaciones Periodísticas (CIPER), publicó las confesiones de los carabineros involucrados en el fusilamiento de 19 detenidos la madrugada del 18 de septiembre de 1973.

Con ayuda de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), del grupo Matte, que prestó vehículos y proporcionó pisco a los oficiales, los 17 carabineros involucrados apresaron y asesinaron a 14 trabajadores de la papelera, dos estudiantes secundarios y 2 profesores.

La presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, condenó profundamente que aún haya encubrimientos respecto a casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Este caso fue reabierto en agosto de 2011, cuando la AFEP pidió la reapertura de la causa que había sido investigada en los años 70 y fue sobreseída a fines de 1981, lo que fue reafirmado por la Corte Suprema, según constató CIPER.

Los 19 detenidos fueron apresados en Laja y San Rosendo y llevados al Fundo San Juan, lugar en que cavaron una fosa, fusilaron a los detenidos y enterraron los cuerpos. Los 17 oficiales de Carabineros involucrados hicieron un pacto de silencio que no se rompió hasta la reapertura del caso durante el año pasado.

El abogado experto en derechos humanos, Héctor Salazar, señaló que estos crímenes no pueden prescribir ni ser amnistiados:

Respecto a esto, el abogado Roberto Celedón indicó que pese a que han pasado 38 años desde que ocurrió el fusilamiento, es un crimen de carácter imprescriptible por lo que aún podrían ser procesados los involucrados:

Ambos expertos coinciden en que los 17 oficiales podrían volver a ser procesados si los familiares de los asesinados u organizaciones de derechos humanos presentaran una querella, pese a que estos ya fueron juzgados.

Según constató CIPER, de los 17 oficiales que participaron, 3 ya han fallecido, y los 14 restantes se encuentran en libertad. 8 de ellos fueron procesados por homicidio y recibieron libertad provisional luego de pagar una fianza de 300 mil pesos.

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