El viernes se publicó en la página web del Centro de Investigaciones Periodísticas, CIPER, un reportaje con las confesiones inéditas de los oficiales de Carabineros que participaron en la masacre de 19 personas en 1973.

La Radio se contactó con familiares de los asesinados en esa operación, quienes contaron cómo fueron los años en que buscaban a sus familiares.

La madrugada del 18 de septiembre de 1973, 19 detenidos fueron asesinados a manos de oficiales de Carabineros en el Fundo San José en la comuna de Laja (Región del Bío-Bío), donde enterraron los cuerpos en una fosa.

CIPER Chile publicó el viernes un reportaje con las confesiones de algunos de los 17 carabineros de la Tenencia de Laja que participaron en la operación ilegal e hicieron un pacto de silencio que se mantuvo durante 38 años para esconder lo ocurrido.

La Presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, condenó que hasta el día de hoy se encubra sucesos ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), fue partícipe de la masacre, ya que facilitó vehículos para el transporte de los detenidos y regaló pisco a los oficiales para que bebieran la noche del asesinato.

Uno de los asesinados esa noche fue Raúl Urra, quien por ese entonces tenía 23 años. La hermana de Raúl, y Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Laja, Gloria Urra, contó a La Radio que su hermano estuvo detenido en el Retén de la comuna y luego desapareció.

Pese a que lo buscaron por toda la región, nadie les dio pista sobre su paradero, hasta que en 1978 encontraron el cuerpo de Raúl Urra en la fosa del Fundo San José.

Según CIPER, de los 17 oficiales, 14 aún están vivos, y a pesar de que algunos fueron procesados por homicidio, pagaron fianzas de hasta 300 mil pesos y hoy están en libertad, lo que fue considerado como una vergüenza por Gloria Urra.

Según contó Gloria Urra a La Radio, ella estuvo presente en la reconstitución de escena durante el año pasado, y los oficiales involucrados se reían en el momento, sin darle importancia al delito que cometieron.

El abogado experto en derechos humanos, Roberto Celedón, señaló que a pesar de que los oficiales que participaron en la masacre ya fueron formalizados, pueden volver a serlo si los familiares de las víctimas o agrupaciones de derechos humanos presentasen una querella.

Según dijo el abogado, estos crímenes se rigen según el derecho internacional pues son delitos de derechos humanos, y los oficiales podrían recibir penas de hasta 15 años.

Jorge Sáez, hijo de Luis Sáez, otro detenido desaparecido de la época, añadió que el cuerpo de su padre aún no se encuentra, pese a que el reportaje de CIPER señala que fue hallado en el Fundo San José en 1979.

La masacre de Laja se investigó en 1978, pero la causa fue sobreseída por la Corte Suprema en 1981. En agosto del año pasado, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos pidió la reapertura del caso, y fue recién cuando los 17 oficiales involucrados rompieron el pacto de silencio y contaron lo ocurrido hace 38 años.