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Birmania justifica la amnistía de presos, pero minimiza su aspecto político

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El Gobierno de Birmania indicó este sábado que unos 300 prisioneros, considerados como políticos por la oposición, fueron liberados la víspera en una amplia amnistía celebrada por la comunidad internacional, aunque reafirmó que nadie estuvo detenido en el país por sus opiniones.

“Estas liberaciones no se realizaron para atender la reclamación de nadie. Los liberamos por bondad del Gobierno”, declaró el teniente general Ko Ko, ministro de Interior, en rueda de prensa en la capital, Naypyidaw. “Algunos hablan de presos políticos, algunos dicen presos de conciencia. Los llamen como los llamen, nosotros no hemos actuado contra nadie por motivos políticos o de opiniones”, aseguró el ministro.

No obstante, el teniente general reconoció que los 302 liberados figuraban en una lista de presos políticos elaborada por una “organización política”, alusión muy probable a la Liga Nacional para la democracia (LND) de la opositora Aung San Suu Kyi.

Los otros 128 han “cometido crímenes graves como actos terroristas (…) No podemos liberar a este tipo de personas”, insistió el ministro. El número de presos de conciencia -artistas, periodistas, monjes, intelectuales y otros opositores- todavía encarcelados no está claro.

En octubre unos 200 presos políticos fueron liberados, pero esta amnistía decepcionó ya que no incluía a importantes responsables de la oposición que estaban en la lista. Esta vez varios líderes del levantamiento popular de 1988 reprimido crudamente recuperaron su libertad, así como el célebre monje Gambira, detenido tras la “revuelta de azafrán” de 2007. Y Khun Htun Oo, líder de la minoría étnica shan, que purgaba 93 años de prisión.

Estas liberaciones fueron celebradas por la LND y la comunidad internacional. Estados Unidos, acorde a su política por la que da un paso hacia Birmania cuando ésta accede a los reclamos internacionales, dijo estar dispuesto a intercambiar embajadores, aunque no evocó el cese de las sanciones aplicadas desde fines de 1990, lo que espera Naypyidaw.

Esta amnistía es el último gesto del gobierno “civil” establecido tras la autodisolución de la junta en marzo y compuesto por ex militares apegados a preservar el poder del Ejército birmano. El nuevo equipo multiplicó las reformas los últimos meses, permitiendo entre otros avances el regreso al centro de la arena política de Suu Kyi, que se presentará en las elecciones parciales de abril. En noviembre de 2010 aún estaba asignada a arresto domiciliario.

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