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Alcaldes solicitan al Gobierno cancelar licitación de Oficinas de protección de Derecho del Niño

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Un grupo de autoridades comunales solicitó al gobierno que retire la licitación de las Oficinas de Protección de Derechos del Niño (OPD), que otorgue un nuevo plazo y que se incorporen a los municipios en su diseño. Esto, luego que se informara el 11 de enero, a través del sitio web del Servicio Nacional del Menor (Sename), que el proceso de postulación vence el 27 de enero, es decir que las municipalidades cuentan con sólo dos semanas para definir una política de infancia local.

Los alcaldes de lo Prado, Gonzalo Navarrete; Maipú, Alberto Undurraga y de Isla de Maipo, David Morales, informaron que la Asociación Chilena de Municipalidades no fue notificada de esta licitación, hecho, que a juicio de ellos, se trata de una estrategia de trabajo que se repite por parte del gobierno.

El edil de Lo Prado, Gonzalo Navarrete dijo que “existe un abandono del Estado hacia las políticas de promoción y protección de derechos de infancia. Esto lo hace un grupo de tecnócratas que diseña una licitación sentados en un escritorio, desconociendo absolutamente las realidades comunales”.

David Morales, a su vez, planteó que el foco de atención son los niños y niñas y que los municipios son las entidades que garantizan la integralidad de las políticas de infancia. “Se necesitan mejoras para la OPD, pero estas no van por la vía de la licitación, sino por escuchar la realidad de cada una de las comunas del país”, agregó.

Alberto Undurraga, criticó la determinación del SENAME. “Esta es una licitación mal elaborada. Es insólito que en sólo dos semanas se pretenda resolver una política de infancia, cuando para licitar un camión se requieren dos meses”.

El alcalde de Lo Prado dijo, además, que esta determinación del SENAME le genera sospechas. “No me sorprendería que algunas universidades o instituciones cercanas al gobierno pasaran a coordinar las OPD en desmedro de los municipios que llevamos años en este tema.”

Las autoridades comunales reiteraron que es necesario contar con los plazos adecuados para que las municipalidades puedan seguir a cargo de estos programas comunales que impactan a más de cuatro millones de niños, niñas y adolescentes y que además se reconozcan las experiencias exitosas de distintos municipios.

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