Una confusa situación vivieron los dueños de una propiedad que fue expropiada para la construcción de la doble vía Puerto Montt – Pargua, la Concesionaria, el MOP y un receptor judicial con orden en mano y con la fuerza pública realizaron la toma de posesión material del terreno, luego apareció una contra-orden que suspendió el proceso.

Pasadas las 4 de la tarde de este miércoles, llegaron hasta el empalme Calbuco personal de la Concesionaria Ruta del Canal, la unidad de expropiaciones para obras concesionadas del MOP, un receptor jurídico y personal policial para realizar la toma de posesión material del terreno expropiado a Jose Manuel Bello Borg, quien vive en ese lugar hace 50 años.

La orden del fue dada por el juez del 1° Juzgado Civil de Puerto Montt, Gonzalo Figueroa Edwards, quien dispuso la concurrencia al lugar de la fuerza publica en compañía de los involucrados para comprobar que se llevara a cabo la orden judicial.

Sin embargo, el hijo del propietario, Jose Luis Bello, señaló que se trató de una decisión arbitraria para desarmar la casa construida por su padre hace 50 años, sacando la techumbre incluso de los dormitorios.

Durante el desarrollo de la acción La Radio intentó conversar con un funcionario del MOP, perteneciente a la unidad de expropiaciones para obras concesionadas, quien no se quiso identificar indicando que es el Consejo de Defensa del Estado el responsable de las expropiaciones, más tarde supimos que era Patricio Bonta Lermanda, funcionario representante de esta unidad del MOP.

Luego conversamos con el receptor jurídico Raul Barria, quien dijo que se estaba cumpliendo una orden judicial, agregando que el motivo de la suspensión se puede averiguar en tribunales, desconociendo el plazo para reiniciar el desalojo.

En tanto el abogado habilitado del propietario del terreno, señaló que efectivamente se concedió una orden de desalojo a la cual ellos se opusieron ordenando la suspensión del proceso, agregando que iniciarán las acciones judiciales que correspondan, estudiando incluso acusar de apropiación indebida a la empresa Dragados.

Finalmente el Seremi de Obras Publicas, Enrique Hoelck, dijo que mientras se realizaba el procedimiento apareció una contraorden verbal del tribunal de paralizar la ejecución de la primera orden, agregando que ellos cumplen a cabalidad la legalidad vigente.

Según los propietarios del terreno, ellos tasaron las 3 hectáreas de terreno en 400 millones de pesos aproximadamente, sin embargo el MOP solo esta pagando $133 millones, situación que deberá resolverse en tribunales, en tanto solo fueron 115 planchas de zinc de la techumbre que quedaron en poder de la Concecionaria.