Las empresas Agrosuper, Ariztía, Don Pollo y la Asociación de Productores Avícolas negaron la acusación de la Fiscalía Nacional Económica en los descargos que presentaron ante el Tribunal de la Libre Competencia.
En ellos, manifiestan que el organismo fiscalizador desconoce el mercado y que las empresas no participan en la comercialización y distribución de sus productos.
Además, plantean que de haber alguna ilegalidad, ésta se encuentra prescrita porque las imputaciones se basan en el decreto ley 211 que regulaba la libre competencia y que fue refundido por la ley 20.361, vigente en la actualidad.
El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Conadecus, Hernán Calderón, desestimó que estas compañías no participen en la comercialización ni en la distribución porque “la colusión también se puede generar por los productores, fijando precios para las distribuidoras minoristas”, enfatizó.
Además, añadió que tampoco tiene fundamento que cualquier ilegalidad estaría prescrita, pues se trata de un delito de carácter permanente.
Por su parte, el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, Odecu, Stefan Larenas, también rechazó los descargos de las empresas avícolas y a su parecer sólo es una reacción a la exhaustiva investigación de la Fiscalía. Además, el dirigente cuestionó que acusen a ésta de desconocer el mercado.
El diputado demócrata cristianio Fuad Chahín, integrante de la Comisión de Economía de la Cámara Baja, dijo que la Fiscalía Nacional Económica tiene pruebas concretas para echar abajo los descargos de los productores avícolas.
Para finalizar, el congresista dijo estar confiado que el caso de la colusión en el rubro avícola culminará con cuantiosas multas no sólo a las empresas, sino también a sus ejecutivos.
