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Gobierno español quiere controlar a regiones autónomas mientras Cataluña se niega

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Preocupado en reducir su déficit público, el gobierno central español exigió a las 17 regiones autonómicas, fuertemente endeudadas, que cumplan con los objetivos de déficit, lo que ha desatado la rebeldía, sobre todo de Cataluña, que teme por su autonomía.

Un anuncio fue el desencadenante: el ministro de Economía, Luis de Guindos, declaró al Financial Times que a partir de marzo una ley introducirá “un control previo” de sus presupuestos.

“Antes de aprobar los presupuestos (las regiones) deberán contar con la autorización del gobierno central”, precisó de Guindos, recordando que son las principales causantes del alto déficit de España.

El gobierno también pedirá a las autonomías que reduzcan sus más de dos mil empresas públicas.

La prioridad es ahorrar, ya que el déficit, que el país había prometido reducir desde un 9,3% del PIB en 2010 al 6% en 2011, podría superar el 8%, lo que puso en guardia al nuevo gobierno de derecha que entró en funciones hace una quincena de días y que pretende respetar el objetivo del 4,4% en 2012.

En un país muy descentralizado, el Estado cerró durante mucho tiempo los ojos a las finanzas de las regiones, a las que otorgó amplias competencias, sobre todo en el campo de salud y educación.

Pero las autonomías, cuando se pinchó la burbuja inmobiliaria en 2008, se encontraron estranguladas por imponentes deudas, que actualmente alcanzan niveles históricos, sin conseguir controlar sus déficits.

El gobierno socialista saliente impuso en los últimos meses objetivos de reducción del déficit y barajó la posibilidad de limitar sus presupuestos, pero no fue más allá.

La idea de aprobar previamente por Madrid los proyectos de presupuesto autonómicos provocó inmediatas reacciones entre varias de ellas, sobre todo de Cataluña que se mostró la más virulenta: “inaceptable” e “intolerante”, condenó Francesc Homs, portavoz del gobierno local.

Sería “cargarse la autonomía financiera” y “vulnerar las reglas de juego que establece la Constitución”, no dudó en advertir con contundencia.

Porque, si bien esta próspera región del noreste del país, que padece una deuda de casi 40 mil millones de euros, está dispuesta a aplicar rigurosa austeridad con un plan que aprobó para economizar mil millones, también defiende celosamente su nuevo estatuto de mayor autonomía, vigente desde el 2006.

Incluso quiere el mismo trato fiscal que cuentan el País Vasco y Navarra, que gestionan sus propios impuestos.

En su relación conflictiva con el Estado español, Cataluña anunció a mediados de diciembre que recurrirá a la justicia para reclamar el pago de 759 millones de euros, previstos en su estatuto de 2006.

Tampoco está dispuesta a someterse a las nuevas directivas en materia presupuestaria.

Cataluña fijó el objetivo de su déficit, para finales del 2011, en 2,66% de su PIB, desoyendo consignas de Madrid que le pedían limitarlo a un 1,3%.

Y cuando el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Garcia Margallo, sugirió el pasado lunes a las autonomías que supriman sus numerosas “embajadas” en el extranjero, el presidente de Cataluña, Artur Mas (de la coalición nacionalista CiU) respondió negativamente al día siguiente.

Esta región es la que en 2010 tenía más representaciones fuera de España (48), de un total de 200 embajadas regionales en 37 países. El conjunto de este servicio exterior cuesta unos 150 millones de euros anuales.

“No nos subsumiremos dentro del Estado para hacer nuestra política exterior”, dijo Mas, antes de minimizar la responsabilidad de las regiones en el aumento del déficit: “esto de tratar a las autonomías como los alumnos malos de la clase o como menores de edad es una tontería y una injusticia”, aseveró.

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