En un hecho inédito, los diez diputados de la Región de La Araucanía, concordaron en una declaración pública de repudio a los actos de violencia ocurridos en los últimos días en la zona.

Asimismo, llamaron al Gobierno a establecer un permanente control sobre los organismos policiales para que actúen con estricta sujeción a las normas legales.

La declaración es suscrita por los diputados DC, René Saffirio, Fuad Chahín y Mario Venegas ; RN, José Manuel García, Germán Becker y José Manuel Edwards ; UDI, Gonzalo Arenas y Enrique Estay; Fernando Meza (PRSD); y Joaquín Tuma (PPD).

La declaración pública titulada “Frente a la violencia regional”, señala lo siguiente:

a) Lamentamos, rechazamos y condenamos cualquier acto de violencia cuyo objetivo sea imponer por medio de la fuerza , ideas o reinvindicaciones de carácter político, étnico, social o de otra naturaleza que pongan en riesgo la paz social de nuestra región ya gravemente afectada en su desarrollo económico en general y en su empleo, turismo y crecimiento en particular.

b) Reconocemos en toda su magnitud el derecho de las organizaciones de cualquier naturaleza, de propender a avanzar en sus legítimas reinvindicaciones, en tanto ellas se conduzcan con estricto apego al Estado de Derecho y haciendo uso de los instrumentos legales e institucionales que la sociedad chilena se ha dado para resolver las controversias, sean éstas entre particulares o entre éstos y el Estado de Chile.

c) Hacemos un llamado al Gobierno para que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, establezca un permanente control sobre los organismos policiales, con el objeto de que éstos actúen con estricta sujeción a las normas legales que regulan sus actuaciones, de tal forma que sea el propio Estado de Chile el que respete las mismas normas que exigimos sean cumplidas por el movimiento social, y

d) Hacemos presente nuestra profunda preocupación por el clima de violencia regional, y llamamos a quienes han optado por ese camino, a buscar formas civilizadas y coherentes con nuestra vida en comunidad, para avanzar en sus reinvindicaciones abandonando cualquier forma de expresión violenta, que tanta división produjo en el pasado.

Este acuerdo surge tras conocer el ataque incendiario de este miércoles en la madrugada contra un fundo en Vilcún, afectando una bodega con maquinaria. Se avaluaron las pérdidas en $ 3 mil millones.