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Desestiman causa por corrupción contra hermano de ex mandatario e Costa Rica

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Una fiscalía de Costa Rica desestimó una causa contra el hermano del ex presidente Óscar Arias, acusado de malversar 2 millones de dólares donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), anunció este martes el Poder Judicial.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) pidió el viernes a un juzgado penal de Hacienda de San José la “desestimación de la causa” contra Rodrigo Arias por “falta de pruebas”, según un comunicado del Ministerio Público (Fiscalía).

“La solicitud se da luego de que dicha Fiscalía diera por agotada la investigación por falta de pruebas que permitieran acreditar la hipótesis planteada al inicio del proceso penal, pese a la exhaustiva recabación de prueba”, subrayó la nota.

El ex ministro de la Presidencia durante el gobierno de Arias, precandidato presidencial del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN) para las elecciones de 2014, expresó su satisfacción y ratificó sus aspiraciones políticas.

“La verdad siempre triunfa, siempre he tenido la conciencia tranquila, no había nada indebido. La decisión de la Fiscalía produce un gran regocijo, ha habido deseos de dañar mi imagen. Yo no manejé un cinco de esos fondos”, dijo el político a los medios locales.

La decisión de la Fiscalía de Anticorrupción deberá “ser valorada” por un juez en una audiencia preliminar, para dar por concluido el caso, agregó el comunicado.

En un caso que salpicó al actual gobierno de Laura Chinchilla y a la anterior administración de Óscar Arias (2006-2010), Premio Nobel de la Paz 1987, el ex ministro fue investigado por delitos de peculado, fraude de ley y reconocimiento ilegal de beneficios laborales.

Según la acusación, planteada por diputados de oposición, Arias, que siempre rechazó los cargos, contrató a varias consultoras para el Gobierno con la donación del BCIE, que según ellos debió ingresar a las arcas del Estado.

En febrero pasado, el Congreso creó una comisión para investigar presuntas presiones políticas de parte del gobierno sobre la justicia para que el caso no fuera investigado.

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