Luego de que se diera a conocer que en Chile más de medio millón de personas no ha pagado los derechos de aseo domiciliario, lo que equivale a 309 millones de pesos en deuda, desde el Departamento de Rentas de la Municipalidad de Osorno manifestaron que en la ciudad la realidad no es tan distinta. Esto porque hay un total de 12 mil personas que no han cancelado, por lo que tienen elevadas deudas que han aumentado debido a los intereses, las que en total suman 2.708 millones de pesos.
De acuerdo a lo manifestado por Blanca González, están divididos en dos grupos, aquellos que mantienen deudas desde antes del 2005, llamados “inactivos”, cuyo número asciende a 8.253 con un saldo pendiente de 1.713 millones de pesos, y quienes en su mayoría fueron exentos de cancelarlas, por cambios en la ley. Por otra parte están los vecinos activos que son 3.843 aproximadamente y que deben, más de 995 millones de pesos.
González recordó a la comunidad lo importante que es cancelar estas deudas para que no aumenten con los intereses.
El pago por concepto de recolección de basura bordea los 7.700 pesos y se paga cada 4 meses, en enero, abril, julio y octubre. La recaudación obtenida es destinada para el aseo en la vía pública y un porcentaje es para la concesión con la empresa recolectora de basura, Servitrans.
Si bien muchas de las personas no cancelan la deuda justificando que no conocen el monto o que nadie les avisó, la funcionaria municipal precisó que el municipio sí notifica a las viviendas de las deudas a través de boletas, en un sistema similar a cuando se les comunica sus pagos de agua y luz.
A través de un estudio fue posible detectar deudas que van desde 400 mil hasta un millón y medio de pesos y en muchos de los casos más del 50% del monto adeudado corresponde sólo a intereses, situación que afecta a más del 80% de las comunas del país.
Debido a esto es que académicos de la Universidad Iberoamericana elaboraron una propuesta que resuelva este problema, la que ya fue compartida con parlamentarios y enviada la Subdere y que consiste en que las multas de más de 5 años sean declaradas incobrables, además de dejar exentas a las personas de la tercera edad, iniciativa que será evaluada por las autoridades gubernamentales.
